Antes de que la ciudadanía nos enteráramos del por qué de un nuevo impuesto por exigencias de la Unión Europea cuando ya pagamos el "canon de vertidos" observamos atónitos una lucha política entre el Ayuntamiento y el Gobierno Autonómico, enfrentamientos entre los partidos, expertos opinando y las asociaciones de Consumidores prestándose como el instrumento para recurrir los recibos. En el debate empiezan a aparecer viejos rencores y de nuevo oímos de algunos políticos el tan manoseado "esto es de nuevo Zaragoza contra Aragón o viceversa". Y la verdad que nos entra la duda ya que los zaragozanos no quieren pagar un impuesto que los aragoneses llevan pagando desde el 2002. Oímos a varios Consejeros del Gobierno defendiendo el pago de este impuesto y al Presidente Lamban sino desdiciendo a sus consejeros, si comprendiendo las protestas por el impuesto y tendiendo la mano para llegar a un acuerdo con el resto de partidos y con los agentes sociales con propuestas concretas como revisar la parte fija de la cuota del impuesto y establecer varios tramos en la parte variable con el fin de abaratar o eximir del pago a las familias con las rentas más bajas, lo que nos descolocó aun más y seguimos con la pregunta pero ¿es justo este impuesto?.
Y llegado a este punto, vamos leyendo, escuchando, contrastando opiniones y analizando y procesando toda la información y nos encontramos con que en Aragón en tiempos del Gobierno del PP y PAR se diseñaron 300 depuradoras (pueblos de menos de 1000 habitantes con depuradoras para 15000, pueblos que pagan depuradora y no se les construyó ...), un plan sobredimensionado, muy costoso que además aumentó los costes de la construcción por los exagerados sobrecostes añadidos, por tanto a través del ICA no sólo se paga la reutilización de las aguas, aspecto que nadie cuestiona, sino esa mala gestión de la planificación y los sobrecostes añadidos. Dicho de otra forma habrá que esperar a conocer las conclusiones de la comisión de las Cortes para conocer las causas de tal desastre económico, las responsabilidades si las hubiera, y por supuesto evaluar la gestión que se realizó a través del Instituto Aragonés del Agua y como gastó los 140 millones de euros, los tipos de contratación de las depuradoras y los sobrecostes de la mayoría de ellas; conocidas las conclusiones, asumidas las responsabilidades y buscando un pago justo y razonable, entonces sí, cúmplase con Europa.
Es ahí donde empieza el cabreo de la ciudadanía, y que parece que el Presidente se dio cuenta si nos atenemos a sus declaraciones, el ciudadano se entera que el agua en Aragón es muy cara y que pagamos 4 veces más que lo que pagan nuestro vecinos de Navarra y de la Rioja, que el plan de depuración es producto de una gestión irresponsable de políticos (y de técnicos) que no sólo no asumieron responsabilidades sino que siguen ejerciendo, y para paliar este desatino se recurra al bolsillo de la ciudadanía. Y lo hacen a través de un impuesto que nos dicen que tiene carácter finalista (en la reutilización del agua) pero que nos genera muchas dudas al respecto, cuando una tasa podría cubrir esos gastos. No es un problema de comunicación y de explicación del Gobierno, tampoco al menos en una parte de los ciudadanos, entre los que me encuentro, la oposición a pagar un impuesto de características ecológicas como es el ICA, es el cabreo de pagar las alegrías de las decisiones políticas a través de nuestros bolsillos. Eso sí, obligados a pagarlo.
Y llegado a este punto, vamos leyendo, escuchando, contrastando opiniones y analizando y procesando toda la información y nos encontramos con que en Aragón en tiempos del Gobierno del PP y PAR se diseñaron 300 depuradoras (pueblos de menos de 1000 habitantes con depuradoras para 15000, pueblos que pagan depuradora y no se les construyó ...), un plan sobredimensionado, muy costoso que además aumentó los costes de la construcción por los exagerados sobrecostes añadidos, por tanto a través del ICA no sólo se paga la reutilización de las aguas, aspecto que nadie cuestiona, sino esa mala gestión de la planificación y los sobrecostes añadidos. Dicho de otra forma habrá que esperar a conocer las conclusiones de la comisión de las Cortes para conocer las causas de tal desastre económico, las responsabilidades si las hubiera, y por supuesto evaluar la gestión que se realizó a través del Instituto Aragonés del Agua y como gastó los 140 millones de euros, los tipos de contratación de las depuradoras y los sobrecostes de la mayoría de ellas; conocidas las conclusiones, asumidas las responsabilidades y buscando un pago justo y razonable, entonces sí, cúmplase con Europa.
Es ahí donde empieza el cabreo de la ciudadanía, y que parece que el Presidente se dio cuenta si nos atenemos a sus declaraciones, el ciudadano se entera que el agua en Aragón es muy cara y que pagamos 4 veces más que lo que pagan nuestro vecinos de Navarra y de la Rioja, que el plan de depuración es producto de una gestión irresponsable de políticos (y de técnicos) que no sólo no asumieron responsabilidades sino que siguen ejerciendo, y para paliar este desatino se recurra al bolsillo de la ciudadanía. Y lo hacen a través de un impuesto que nos dicen que tiene carácter finalista (en la reutilización del agua) pero que nos genera muchas dudas al respecto, cuando una tasa podría cubrir esos gastos. No es un problema de comunicación y de explicación del Gobierno, tampoco al menos en una parte de los ciudadanos, entre los que me encuentro, la oposición a pagar un impuesto de características ecológicas como es el ICA, es el cabreo de pagar las alegrías de las decisiones políticas a través de nuestros bolsillos. Eso sí, obligados a pagarlo.
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