opino y valoro

A dos meses de unas elecciones, el Gobierno sigue con su obsesión –absurda-de atacar los derechos adquiridos por el profesorado en este país. Ahora le toca el turno a la jubilación anticipada . Parece no servir de nada la experiencia de otros países de la UE que mantienen sus jubilaciones anticipadas, ni el hecho de que un alto índice de bajas del colectivo sean provocadas por el estrés. Soy de los que piensan que todos tendríamos que estar en el Régimen General de la Seguridad Social, pero este paso debería darse sin condiciones, lo que supondría un varapalo para las arcas del Estado ya que cada pensionista debería cobrar entre 200 y 350 euros más al mes y, además deberían aplicarnos la jubilación parcial a partir de los 61 años. Si no pueden incorporar a los 900.000 funcionarios que pertenecemos a las clases pasivas, lo más lógico es que éstas se mantengan hasta que la situación del país permita su integración en el Régimen General. Así evitarían meterse en más charcos.

En lo que al mundo educativo respecta, justificamos su mantenimiento por las características del sector y porque la legislación que rige a nuestros vecinos, docentes europeos, también lo hace. Los datos que arroja la encuesta que nuestra organización realizó entre el profesorado indican que los comportamientos disruptivos en las aulas, las agresiones físicas y la percepción de violencia en el entorno educativo crean un clima de trabajo que es percibido como estresante. Dada esta situación, la “voluntariedad” de retirarse de la docencia a los 60 años es una necesidad. La enseñanza se incluiría entre esos sectores sociales que desarrollan un trabajo con dificultades añadidas. En la mayoría de los países europeos existe una edad oficial de jubilación y otra en la que los docentes pueden retirarse antes de alcanzarla. En general, la edad mínima se sitúa en torno a los 60 años y, con derecho a percibir la pensión completa si se ha cumplido el número de años de servicio exigido. Con 30 año...