Los partidos han acordado un índice con quince puntos para trabajar en los próximos meses, durante el mes de mayo se evaluará el consenso alcanzado con el fin de concretarlo en un texto, que si es viable, vendría a ser el primer Pacto educativo alcanzado en la democracia española.
De esos puntos pactados para desarrollar en las posteriores reuniones de la subcomisión, hay varios que se pueden reconducir y con esfuerzo llegar a acuerdos: sistema educativo español, estructura del sistema educativo, ordenación académica, evaluación, centro educativo, enseñanzas artísticas, metodologías educativas, formación profesional. Sin embargo hay temas que constituyen un gran escollo para alcanzar consensos y los diputados y diputadas que forman parte de la subcomisión tendrán que desarrollar grandes dosis de imaginación y ganas de acordar para acercar posturas: financiación, equidad e inclusión, profesión docente, redes de centros educativos, participación de la comunidad educativa y enseñanza de las religiones. Hay temas que aunque dividen a la comunidad educativa tienen recorrido para llegar a puntos más o menos consensuados. Con respecto a la evaluación las reválidas de la LOMCE diseñadas para Primaria, ESO y Bachiller han conseguido que la mayor parte de los partidos políticos con representación parlamentaria frenasen las intenciones del Gobierno y volviesen a instaurar en los centros pruebas de diagnóstico, ya contempladas en la LOE y el acuerdo no puede salir de este ámbito de la LOE, quizás el disenso esté con la propuesta de C's (y del PP) de realizar una prueba nacional al final del Bachillerato, sin embargo el resto de partidos defienden el sistema actual de selectividad. Otro tema complicado es el tratamiento de la clase de religión al contemplar la LOMCE su valor académico, la LOE vuelve a ser un referente válido para el tratamiento de la educación en valores al implantar una asignatura como educación para la Ciudadanía de carácter obligatorio y la Religión con carácter optativo, pero aquí seguro que hay debate y disenso.
Con respecto a la financiación de la educación, hay que recordar que desde que se inició la crisis económica en el 2008 se han perdido 8000 millones de euros, o lo que es lo mismo, un punto del PIB pasando del 5,1% al 4,1%. La financiación será uno de los aspectos con mayor dificultad para llegar a un acuerdo por varias razones. El PP se comprometió ante la Unión Europea a seguir bajando los presupuestos educativos en el 2018 hasta llegar al 3,8% del PIB, lo que en realidad supone seguir con la política de recortes generalizados. El resto de partidos están planteando recuperar lo perdido y avanzar de forma progresiva hacia la media de la UE. El tener unos presupuestos de mínimos en educación, incide de forma negativa en el consenso de otros apartados del índice como es la equidad y la inclusión, lo que dificultará acercar las posiciones. No se justifica que cuando el país está saliendo de la crisis la educación continúe implantada en ella.
Un tema clave para garantizar la igualdad de oportunidades a través de la educación es todo lo referente a la política de becas y ayudas, su gestión no está transferida a las CCAA y, es por tanto, responsabilidad exclusiva del Ministerio. Unos requisitos accesibles y cantidades suficientes son imprescindibles para garantizar que todo el alumnado que tenga dificultades económicas pueda seguir con sus estudios y garantizar de esta forma la igualdad de oportunidades. (En el marco del curso 2011/2012 se dedicaron 492 millones en becas no universitarias y en el 2015/2016 fueron 416 millones, lo que supone un 7,9% menos).
Otro de los problemas del sistema educativo español que viene manifestándose en todos los informes internacionales es el "abandono escolar prematuro". Si bien es cierto que en los últimos años las cifras van bajando poco a poco (en el año 2011 el abandono era del 26,5% y en el 2017 bajó al 18%), aun así duplica la tasa de la Unión Europea. Según datos del propio Ministerio, uno de cada cinco jóvenes entre los 18 y 24 años abandonaron las aulas sólo con el título de la ESO (o sin él) cuando cumplieron los 16 años y se salieron del sistema educativo. La OCDE destaca el bajo impacto de la Formación Profesional en España, una etapa clave para mejorar la cualificación profesional de los jóvenes en un mercado laboral cada vez más exigente y a través de la FP se podría conseguir que el alumnado una vez cumplidos los 16 años continúen formándose dentro del sistema educativo. Sólo el 12% de los alumnos están matriculados en FP, menos de la mitad de la media de la UE que es del 29%, y sólo el 0,4% están matriculados en la FP Dúal, mientras que en la UE es del 16,2%. No creo que en este tema haya grandes disensos en la subcomisión y urge socialmente como retener al alumnado para seguir cualificándolo y como extender la FP Dual como una vía de inserción laboral.
En el apartado de la equidad e inclusión es donde los recortes presupuestarios ha tenido una mayor repercusión, y los alumnos que más necesitan de la solidaridad de los presupuestos, son los que más han notado su repercusión. El Gobierno como consecuencia de la política de recortes ha retirado o disminuido partidas destinadas a la compensación o ayudas, ha aumentado las ratios de las aulas, ha disminuido el número de profesores y ha desmotivado al profesorado al empeorarle las condiciones laborales, disminuirle el salario y sobre todo no ha negociado con las organizaciones sindicales el Estatuto Público Docente para conseguir motivarle a través de la carrera profesional. El compromiso de la subcomisión pasaría por derogar los Reales decretos del 2012 que impulsaron los recortes y comprometer al Ministerio a negociar el Estatuto.
Con respecto a mejorar la convivencia escolar el Ministerio no parece tener mucho interés ya que uno de los instrumentos básicos para convatirlo es el "Observatorio sobre la Convivencia Escolar", cuyo objetivo es vigilar y coordinar acciones contra el acoso escolar, este organismo lleva sin reunirse desde el año 2011. Es un tema grave y es el día a día en los centros educativos, los recortes dejan al profesorado en muchas situaciones indefenso para mantener un clima escolar acorde al estudio. Según la Fundación ANAR es patente que en las aulas existe violencia escolar y se manifiesta a través de diversas manifestaciones, el 71% del alumnado insulta a sus compañeros o profesores, el 51% se pelea y el 29% se encuentra aislado. Con este panorama el trabajo de la subcomisión tiene que ir orientado a dotar de los medios pedagógicos necesarios a través de la Formación (inicial y permanente) para que el profesorado sepa manejar y gestionar no sólo los temas conflictivos sino también las emociones del alumnado, dotar de medios humanos y materiales necesarios y poner en funcionamiento el observatorio.
Uno de los temas complicados de tratar, y quizás el más complicado de conseguir consensos es el papel que la red pública y red concertada van a tener en el futuro. Y el consenso es complicado porque las dos redes están defendidas por una importante parte de la sociedad, porque se entremezclan intereses empresariales (aunque no debiera ser así ya que tendrían que ser empresas sin ánimo de lucro) y una institución tan influyente como la Iglesia, que más que intereses económicos (que también) defiende la necesidad de la religión como una influencia social; además no podemos obviar que su presión a determinados partidos o asociaciones está impidiendo que con respecto al tratamiento de la religión se llegue también a acuerdos. Esa es la realidad, es la historia de la educación de nuestro país que mientras en otros países de la UE la enseñanza privada es residual o de élite exclusivamente, en España se ha ido configurando una enseñanza con las dos redes y, ahora, es necesario pactar y buscar una solución a un conflicto latente que ya dura mucho tiempo. Parece que hay consenso en que la Escuela Pública es el pilar fundamental que garantiza el derecho a la educación, y que además necesita de una financiación suficiente para garantizar la calidad de enseñanza. No podemos obviar que en nuestro país (como consecuencia del pacto social que fue la Constitución) existen dos redes potentes financiadas con dinero público, una de ellas gestiona este dinero a través de los conciertos, y estos son contratos entre la administración y los centros. Sin embargo la sociedad tiene la sensación que en la actualidad hay un incumplimiento por parte de algunos centros concertados al elegir al alumnado o a no impartir la enseñanza en las etapas obligatorias de forma gratuita. El pacto en esta materia tiene que basarse en realizar una revisión de los propios conciertos para obligar al cumplimiento que conllevan los conciertos y para mantener una proporción razonable entre las dos redes con el fin de que la enseñanza pública siga siendo el pilar de la educación en nuestro país. En la actualidad nos encontramos con CCAA como en Andalucía donde el 25% de la escolñarización está en la privada, Castilla la Mancha el 18%, Extremadura el 15% y con CCAA como Madrid donde la privada escolariza el 47%, País Valenciano el 34% y en el País Vasco el 49%.
Muchos retos tiene por delante la subcomisión, muchos problemas enquistados en la comunidad educativa de difícil consenso, seguro que acuerdos puntuales habrá, la duda es que si esos acuerdos son suficientes para poder denominarlos como Pacto.
De esos puntos pactados para desarrollar en las posteriores reuniones de la subcomisión, hay varios que se pueden reconducir y con esfuerzo llegar a acuerdos: sistema educativo español, estructura del sistema educativo, ordenación académica, evaluación, centro educativo, enseñanzas artísticas, metodologías educativas, formación profesional. Sin embargo hay temas que constituyen un gran escollo para alcanzar consensos y los diputados y diputadas que forman parte de la subcomisión tendrán que desarrollar grandes dosis de imaginación y ganas de acordar para acercar posturas: financiación, equidad e inclusión, profesión docente, redes de centros educativos, participación de la comunidad educativa y enseñanza de las religiones. Hay temas que aunque dividen a la comunidad educativa tienen recorrido para llegar a puntos más o menos consensuados. Con respecto a la evaluación las reválidas de la LOMCE diseñadas para Primaria, ESO y Bachiller han conseguido que la mayor parte de los partidos políticos con representación parlamentaria frenasen las intenciones del Gobierno y volviesen a instaurar en los centros pruebas de diagnóstico, ya contempladas en la LOE y el acuerdo no puede salir de este ámbito de la LOE, quizás el disenso esté con la propuesta de C's (y del PP) de realizar una prueba nacional al final del Bachillerato, sin embargo el resto de partidos defienden el sistema actual de selectividad. Otro tema complicado es el tratamiento de la clase de religión al contemplar la LOMCE su valor académico, la LOE vuelve a ser un referente válido para el tratamiento de la educación en valores al implantar una asignatura como educación para la Ciudadanía de carácter obligatorio y la Religión con carácter optativo, pero aquí seguro que hay debate y disenso.
Con respecto a la financiación de la educación, hay que recordar que desde que se inició la crisis económica en el 2008 se han perdido 8000 millones de euros, o lo que es lo mismo, un punto del PIB pasando del 5,1% al 4,1%. La financiación será uno de los aspectos con mayor dificultad para llegar a un acuerdo por varias razones. El PP se comprometió ante la Unión Europea a seguir bajando los presupuestos educativos en el 2018 hasta llegar al 3,8% del PIB, lo que en realidad supone seguir con la política de recortes generalizados. El resto de partidos están planteando recuperar lo perdido y avanzar de forma progresiva hacia la media de la UE. El tener unos presupuestos de mínimos en educación, incide de forma negativa en el consenso de otros apartados del índice como es la equidad y la inclusión, lo que dificultará acercar las posiciones. No se justifica que cuando el país está saliendo de la crisis la educación continúe implantada en ella.
Un tema clave para garantizar la igualdad de oportunidades a través de la educación es todo lo referente a la política de becas y ayudas, su gestión no está transferida a las CCAA y, es por tanto, responsabilidad exclusiva del Ministerio. Unos requisitos accesibles y cantidades suficientes son imprescindibles para garantizar que todo el alumnado que tenga dificultades económicas pueda seguir con sus estudios y garantizar de esta forma la igualdad de oportunidades. (En el marco del curso 2011/2012 se dedicaron 492 millones en becas no universitarias y en el 2015/2016 fueron 416 millones, lo que supone un 7,9% menos).
Otro de los problemas del sistema educativo español que viene manifestándose en todos los informes internacionales es el "abandono escolar prematuro". Si bien es cierto que en los últimos años las cifras van bajando poco a poco (en el año 2011 el abandono era del 26,5% y en el 2017 bajó al 18%), aun así duplica la tasa de la Unión Europea. Según datos del propio Ministerio, uno de cada cinco jóvenes entre los 18 y 24 años abandonaron las aulas sólo con el título de la ESO (o sin él) cuando cumplieron los 16 años y se salieron del sistema educativo. La OCDE destaca el bajo impacto de la Formación Profesional en España, una etapa clave para mejorar la cualificación profesional de los jóvenes en un mercado laboral cada vez más exigente y a través de la FP se podría conseguir que el alumnado una vez cumplidos los 16 años continúen formándose dentro del sistema educativo. Sólo el 12% de los alumnos están matriculados en FP, menos de la mitad de la media de la UE que es del 29%, y sólo el 0,4% están matriculados en la FP Dúal, mientras que en la UE es del 16,2%. No creo que en este tema haya grandes disensos en la subcomisión y urge socialmente como retener al alumnado para seguir cualificándolo y como extender la FP Dual como una vía de inserción laboral.
En el apartado de la equidad e inclusión es donde los recortes presupuestarios ha tenido una mayor repercusión, y los alumnos que más necesitan de la solidaridad de los presupuestos, son los que más han notado su repercusión. El Gobierno como consecuencia de la política de recortes ha retirado o disminuido partidas destinadas a la compensación o ayudas, ha aumentado las ratios de las aulas, ha disminuido el número de profesores y ha desmotivado al profesorado al empeorarle las condiciones laborales, disminuirle el salario y sobre todo no ha negociado con las organizaciones sindicales el Estatuto Público Docente para conseguir motivarle a través de la carrera profesional. El compromiso de la subcomisión pasaría por derogar los Reales decretos del 2012 que impulsaron los recortes y comprometer al Ministerio a negociar el Estatuto.
Con respecto a mejorar la convivencia escolar el Ministerio no parece tener mucho interés ya que uno de los instrumentos básicos para convatirlo es el "Observatorio sobre la Convivencia Escolar", cuyo objetivo es vigilar y coordinar acciones contra el acoso escolar, este organismo lleva sin reunirse desde el año 2011. Es un tema grave y es el día a día en los centros educativos, los recortes dejan al profesorado en muchas situaciones indefenso para mantener un clima escolar acorde al estudio. Según la Fundación ANAR es patente que en las aulas existe violencia escolar y se manifiesta a través de diversas manifestaciones, el 71% del alumnado insulta a sus compañeros o profesores, el 51% se pelea y el 29% se encuentra aislado. Con este panorama el trabajo de la subcomisión tiene que ir orientado a dotar de los medios pedagógicos necesarios a través de la Formación (inicial y permanente) para que el profesorado sepa manejar y gestionar no sólo los temas conflictivos sino también las emociones del alumnado, dotar de medios humanos y materiales necesarios y poner en funcionamiento el observatorio.
Uno de los temas complicados de tratar, y quizás el más complicado de conseguir consensos es el papel que la red pública y red concertada van a tener en el futuro. Y el consenso es complicado porque las dos redes están defendidas por una importante parte de la sociedad, porque se entremezclan intereses empresariales (aunque no debiera ser así ya que tendrían que ser empresas sin ánimo de lucro) y una institución tan influyente como la Iglesia, que más que intereses económicos (que también) defiende la necesidad de la religión como una influencia social; además no podemos obviar que su presión a determinados partidos o asociaciones está impidiendo que con respecto al tratamiento de la religión se llegue también a acuerdos. Esa es la realidad, es la historia de la educación de nuestro país que mientras en otros países de la UE la enseñanza privada es residual o de élite exclusivamente, en España se ha ido configurando una enseñanza con las dos redes y, ahora, es necesario pactar y buscar una solución a un conflicto latente que ya dura mucho tiempo. Parece que hay consenso en que la Escuela Pública es el pilar fundamental que garantiza el derecho a la educación, y que además necesita de una financiación suficiente para garantizar la calidad de enseñanza. No podemos obviar que en nuestro país (como consecuencia del pacto social que fue la Constitución) existen dos redes potentes financiadas con dinero público, una de ellas gestiona este dinero a través de los conciertos, y estos son contratos entre la administración y los centros. Sin embargo la sociedad tiene la sensación que en la actualidad hay un incumplimiento por parte de algunos centros concertados al elegir al alumnado o a no impartir la enseñanza en las etapas obligatorias de forma gratuita. El pacto en esta materia tiene que basarse en realizar una revisión de los propios conciertos para obligar al cumplimiento que conllevan los conciertos y para mantener una proporción razonable entre las dos redes con el fin de que la enseñanza pública siga siendo el pilar de la educación en nuestro país. En la actualidad nos encontramos con CCAA como en Andalucía donde el 25% de la escolñarización está en la privada, Castilla la Mancha el 18%, Extremadura el 15% y con CCAA como Madrid donde la privada escolariza el 47%, País Valenciano el 34% y en el País Vasco el 49%.
Muchos retos tiene por delante la subcomisión, muchos problemas enquistados en la comunidad educativa de difícil consenso, seguro que acuerdos puntuales habrá, la duda es que si esos acuerdos son suficientes para poder denominarlos como Pacto.
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