opino y valoro

La creación de un “Bachillerato de excelencia” en la Comunidad de Madrid para los mejores alumnos de Secundaria es otra de las ocurrencias demagógicas pero preocupantes del Gobierno de la Región; ¿qué será lo próximo? ¿ aulas que segreguen a los inmigrantes? o ¿tal vez a los alumnos de diversificación curricular? Los centros han de contar con medidas y programas de atención a la diversidad que alcancen a la totalidad del alumnado, ya que el objetivo es que todos ellos reciban la atención que requieran, tanto los sobresalientes como los que tienen dificultades en su proceso de aprendizaje. No podemos obviar que los centros también son una institución educativa y que, la convivencia con el diferente, la convivencia con los demás también prepara al alumnado para su integración en una sociedad compleja y diversa.

Últimamente estamos potenciando el debate universitario en las propias Universidades, hecho que nos posibilita contrastar nuestras ideas con rectores, gerentes, profesorado y PAS. De estas reuniones saco las siguientes conclusiones: seguimos dando vueltas al modelo universitario cuando, según mi parecer, el modelo ya lo hemos diseñado. La pregunta que hemos de hacernos es ¿es este un modelo sostenible? Hemos optado por la territorialidad de los títulos, cohesionando y vertebrando a la sociedad. Consideramos que la Universidad es un servicio público y por tanto las tasas de matrículas son simbólicas (considerando el gasto por alumno universitario es de 7.000 euros anuales). Se ha optado por graduados de 4 años cuando en el resto de Europa es de 3 años (por cierto, esta medida no responde a posiciones endógenas de la propia Universidad). Si hemos elegido este patrón porque consideramos que la Universidad es un servicio público y vertebra a la sociedad, los parlamentos autonómicos tien...

El Gobierno ha actuado con mucho sentido común al retirar la propuesta de la "armonizacion" de las clases pasivas hacia el Régimen General de la Seguridad Social. Los tres puntos que contempla el Acuerdo Económico y Social (clases pasivas, desarrollo del Estatuto y recuperación de la negociación) deben acometerse en su totalidad y cuando la situación económica lo permita. Algunos responsables políticos  han echado mano del sentido común y han logrado convencer al resto de que la "educación" tiene unas peculiaridades que la hace diferente al resto de la Administración. Enhorabuena al Gobierno por este desmarque.

A dos meses de unas elecciones, el Gobierno sigue con su obsesión –absurda-de atacar los derechos adquiridos por el profesorado en este país. Ahora le toca el turno a la jubilación anticipada . Parece no servir de nada la experiencia de otros países de la UE que mantienen sus jubilaciones anticipadas, ni el hecho de que un alto índice de bajas del colectivo sean provocadas por el estrés. Soy de los que piensan que todos tendríamos que estar en el Régimen General de la Seguridad Social, pero este paso debería darse sin condiciones, lo que supondría un varapalo para las arcas del Estado ya que cada pensionista debería cobrar entre 200 y 350 euros más al mes y, además deberían aplicarnos la jubilación parcial a partir de los 61 años. Si no pueden incorporar a los 900.000 funcionarios que pertenecemos a las clases pasivas, lo más lógico es que éstas se mantengan hasta que la situación del país permita su integración en el Régimen General. Así evitarían meterse en más charcos.

Por fin parecía que sindicatos y Ministerio estábamos cerca de cerrar un acuerdo sobre un Estatuto que desarrollaría el Estatuto Básico de la Función Pública en el ámbito universitario. Un Estatuto que introduciría criterios objetivos en la evaluación, que definiría la jornada laboral, que pondría orden en los contratos -sujetos a la normativa vigente- y que normalizaría la negociación del colectivo en el ámbito universitario. Cuando todo iba sobre ruedas, aparece un documento de la CRUE interponiéndose en la negociación y cuestionando aspectos fundamentales del documento. Sus críticas están centradas en aspectos relacionados con la flexibilidad de la jornada laboral o en las relaciones laborales, además cuestionan el papel de los sindicatos. A mi me surgen varias dudas, ¿los rectores realizan estas apreciaciones en nombre de las universidades a las que representan o a nivel personal? supongo que si hablan en nombre de las universidades tendrán que abrir un debate en los claustros. ...

La Comunidad de Madrid reproduce punto por punto las pautas de un manual educativo liberal –si éste existiera-. Ahora plantean que el 35% del currículum, que es responsabilidad de la Administración Autonómica, sea cedida a los centros; una medida que en algunos sectores, incluso progresistas, puede ser bien aceptada, ya que los defensores de la "Autonomía a ultranza" entenderán que esto supone aumentar su capacidad de gestión, en este caso en lo referente a todo lo relacionado con los contenidos. Yo, sin embargo, entiendo esta medida como una forma de seleccionar al alumnado de los centros. A través de la reorganización de los contenidos podemos atraer a un determinado tipo de alumnos y alumnas y excluir a otros. De nuevo estas medidas van en detrimento de la Escuela Pública que atenderá a todo tipo de estudiantes procurando que exista una mayor cohesión social mientras que los centros privados tendrán la posibilidad de seleccionar a los alumnos. ¿Cuando llegará el momento...

El Ministero de Educación y “los técnicos” en personal de las diferentes CCAA han estado jugando de nuevo, al despiste en lo que respecta a la tramitación de la OEP para 2011, sin dar respuesta ni solución a un importante número de docentes que están esperando que se cubran al 100% el número de vacantes existentes. Esta cuestión afecta de manera muy importante al ámbito de la educación; por este motivo, el Gobierno, a través de dicho Ministerio debe convocar a la Conferencia Sectorial para que los responsables de esta materia, en cada una de las comunidades autónomas, asuman su responsabilidad, en vez de hacerla recaer sobre terceras personas. El objetivo es que todos saquen todas las plazas a un tiempo, para evitar que se produzca un efecto dominó que conlleve el peregrinaje de opositores de toda España hacia las comunidades que cumplen con su obligación y ofertan las plazas necesarias.