Por fin parecía que sindicatos y Ministerio estábamos cerca de cerrar un acuerdo sobre un Estatuto que desarrollaría el Estatuto Básico de la Función Pública en el ámbito universitario.
Un Estatuto que introduciría criterios objetivos en la evaluación, que definiría la jornada laboral, que pondría orden en los contratos -sujetos a la normativa vigente- y que normalizaría la negociación del colectivo en el ámbito universitario.
Cuando todo iba sobre ruedas, aparece un documento de la CRUE interponiéndose en la negociación y cuestionando aspectos fundamentales del documento. Sus críticas están centradas en aspectos relacionados con la flexibilidad de la jornada laboral o en las relaciones laborales, además cuestionan el papel de los sindicatos.
A mi me surgen varias dudas, ¿los rectores realizan estas apreciaciones en nombre de las universidades a las que representan o a nivel personal? supongo que si hablan en nombre de las universidades tendrán que abrir un debate en los claustros.
¿Son conscientes de que existen leyes o normativas que regulan los tipos de contrato que existen en este país? Prolongar una tipología de contratos más vinculados con la precariedad que con los méritos y capacidad no benefician en nada al prestigio de la propia universidad.
En una sociedad democrática cada institución realiza un papel y en este caso, que yo sepa, la negociación de las condiciones laborales, las retribuciones y las contrataciones corresponde a las Organizaciones Sindicales.
Dicho esto creo que es el momento de que todos tengamos un poco de sentido común, y mucho más, cuando estamos próximos a conseguir un Estatuto tan necesario para la Universidad; por tanto debemos esforzarnos por buscar puntos de acuerdo y consenso y, para ello, cada uno tiene que ser conocedor de cual es su papel.
Un Estatuto que introduciría criterios objetivos en la evaluación, que definiría la jornada laboral, que pondría orden en los contratos -sujetos a la normativa vigente- y que normalizaría la negociación del colectivo en el ámbito universitario.
Cuando todo iba sobre ruedas, aparece un documento de la CRUE interponiéndose en la negociación y cuestionando aspectos fundamentales del documento. Sus críticas están centradas en aspectos relacionados con la flexibilidad de la jornada laboral o en las relaciones laborales, además cuestionan el papel de los sindicatos.
A mi me surgen varias dudas, ¿los rectores realizan estas apreciaciones en nombre de las universidades a las que representan o a nivel personal? supongo que si hablan en nombre de las universidades tendrán que abrir un debate en los claustros.
¿Son conscientes de que existen leyes o normativas que regulan los tipos de contrato que existen en este país? Prolongar una tipología de contratos más vinculados con la precariedad que con los méritos y capacidad no benefician en nada al prestigio de la propia universidad.
En una sociedad democrática cada institución realiza un papel y en este caso, que yo sepa, la negociación de las condiciones laborales, las retribuciones y las contrataciones corresponde a las Organizaciones Sindicales.
Dicho esto creo que es el momento de que todos tengamos un poco de sentido común, y mucho más, cuando estamos próximos a conseguir un Estatuto tan necesario para la Universidad; por tanto debemos esforzarnos por buscar puntos de acuerdo y consenso y, para ello, cada uno tiene que ser conocedor de cual es su papel.
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