Hoy el País publica una interesante entrevista con Salvador Illa. Un político que llamó mi atención desde que fue Ministro de Sanidad, y sin entrar en lo acertado o no de su gestión, lo que me sorprendió fueron sus declaraciones y, sobre todo, sus contestaciones en las numerosas intervenciones que tuvo que realizar en las Cortes. Siempre respetuoso, educado y alejado de la crispación, todo lo contrario de los que le increpaban y preguntaban. Siempre pensé que en medio de la crispación y de la polarización hay políticos que saben comportarse y, por lo que se ve, la ciudadanía se lo reconoce en Cataluña. Remarco de la entrevista los temas que considero de más interés (Amnistía, Poder Judicial, Financiación Autonómica, Vivienda):
Pregunta. Pero uno de los elementos que más crispación ha generado ha sido la amnistía. ¿No fue un error haberla negado en campaña para luego hacerla realidad pasadas las elecciones? ¿No habría sido más coherente prometerla desde el principio?
Respuesta. Insisto que en sociedades plurales se tienen que conformar mayorías que atiendan a lo que los ciudadanos han votado. Lo importante es tomar medidas que fortalezcan la convivencia y la cohesión social. El balance de la amnistía se resume en dos ideas. Primero, ha quedado acreditada su constitucionalidad. Segundo, no ha dado alas a los secesionistas; todo lo contrario: ha asentado la convivencia en nuestro sistema constitucional permitiendo que cada uno defienda su proyecto para Cataluña y para España. Me parece inaudito que algunos sigan empeñados en negar sus efectos beneficiosos. A mí me gustaría que el señor Puigdemont ya estuviera aquí. Porque creo que es lo mejor para él, si así lo desea, y para el conjunto de Cataluña y porque refleja la voluntad del Congreso de los Diputados.
P. Hay quien piensa que la amnistía ha generado una animadversión que alienta ciertas instrucciones judiciales contra el Gobierno. ¿Lo cree así?
R. Quiero ser muy claro. Algunos miembros del Poder Judicial reclaman independencia. Yo reclamo imparcialidad; les reconozco independencia, pero les reclamo imparcialidad. Y determinadas decisiones hacen que algunos ciudadanos duden de esa imparcialidad. Esto debería preocupar a los máximos responsables del Poder Judicial.
P. ¿Qué piensa de la condena al fiscal general?
R. Si usted me pidiera que se la explicara a un ciudadano, no sabría cómo hacerlo. Y me parece que la justicia tiene que poderse explicar a los ciudadanos.
P. Pero el ciudadano lo que percibe es que no hay puentes entre los dos grandes partidos. ¿No cree que esa falta de pactos de Estado contribuye a la radicalización del voto?
R. Los últimos pactos de Estado en España han sido con el PSOE en la oposición. Es difícil entablar diálogo con un partido que se niega a cumplir los preceptos constitucionales, por ejemplo, en materia de renovación del Consejo General del Poder Judicial.
P. Ha hablado de la necesidad de planificar políticas públicas a largo plazo. ¿Hasta qué punto el modelo de financiación puede ayudar?
R. El nuevo modelo es una inyección importante de recursos para el Estado del bienestar. No perjudica a nadie, beneficia a todo el mundo y contribuye a estabilizar España porque estabiliza los servicios públicos. Es un ejercicio de responsabilidad y coraje. A quienes lo critican les pregunto qué hicieron ellos para mejorar la financiación cuando gobernaron España o en alguna de sus comunidades autónomas. Y segundo: ¿qué propuestas tienen? Porque solo decir no, no y no… Con el modelo pactado no queremos ningún privilegio y se ejerce la solidaridad. Me veo capaz de defenderlo desde Algeciras hasta Girona, y voy a dejarme la piel para que salga adelante.
P. La falta de vivienda asequible es uno de los grandes problemas. Su gobierno ha tomado medidas firmes. ¿No se debería hacer lo mismo en todo el país?
R. La vivienda es una competencia autonómica. El Gobierno ha puesto instrumentos a disposición de las comunidades. Utilizarlos es su decisión, pero algunas han optado por la ley de la oferta y la demanda. Permítame que les aporte datos que no son nuestros, sino de CaixaBank Research. Año 2019 frente a 2025; Madrid frente a Cataluña. En 2019, prácticamente las dos comunidades autónomas estábamos en unos 13 años de salario necesarios para adquirir una vivienda. En 2025 en Cataluña se mantiene. En Madrid ya son necesarios 16 años de salario.
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