El 2017 será un nuevo año de austeridad para los de siempre. Los cambios introducidos por la reforma laboral, la escasa cobertura de la negociación colectiva (el mejor instrumento de redistribución de la renta), la perdida del poder adquisitivo al subir los salarios por debajo del IPC (Según el Banco de España entre el 2008 y el 2014, la pérdida del poder adquisitivo del conjunto de la población española es del 15,8%, y en funcionarios docentes del 25%) ... las cifras macroeconómicas, hacen más competitivas a las empresas. pero esas mejoras no llegan a la vida cotidiana de los trabajadores/as. Y así, a pesar que en los PGE se preve un 7% más de ingresos, sin embargo se reducen 5.000 millones de euros destinados a la educación, sanidad, dependencia ... es decir es un verdadero proyecto ideológico para atacar la igualdad de oportunidades.
El gasto público ha pasado del 45,8% en el 2011 al 41,3% del PIB en el 2017, lo que representa en estos últimos 6 años una caída de 50.000 millones de euros que tendrían que ir destinados a políticas sociales y a empleo.
Según el informe de la Comisión Europea para el año 2017 en nuestro país el 28% de los ciudadanos está en riesgo de exclusión y el 13% de los trabajadores/as está en riesgo de pobreza y uno de cada cuatro contratos temporales que se firmaron en el 2016 tuvo una duración inferior a 7 días. La tasa de paro juvenil duplica a la de la UE, sólo el 30% de los trabajadores/as jóvenes cobra más de 1000 euros.
Estas cifras demuestran que son unos presupuestos elaborados de espaldas a las necesidades de la ciudadanía, pendientes exclusivamente de las cifras macroeconómicas que cuadren el déficit de las balanzas económicas. Necesitaríamos una reforma en profundidad del sistema fiscal, la derogación inmediata de la reforma laboral, subir los salarios y las pensiones para que aumente el consumo, garantizar presupuestos suficientes de la educación, sanidad y dependencia como garantía de salvaguardar unos servicios públicos de calidad.
Son unos presupuestos que perjudican directamente a 12 millones de españoles, al subir a los pensionistas el 0,25% y a los funcionarios el 1%, por debajo del IPC y continuando con la pérdida del poder adquisitivo. Además reducen la inversión en infraestructuras respecto al año 2011 y mantienen una rebaja injusta del IRPF a las rentas más altas. Eso sí, Euskadi a través del PNV y Canarias con el diputado de Nueva Canaria han hecho caja aprovechándose de lo inestable de la situación política del país; lo que se puede entender como una insolidaridad con el resto de autonomías o una duda sobre el papel de los diputados/as del resto de las autonomías más obedientes a las directrices de sus partidos que a las necesidades de sus territorios. Después de este juego político en el tablero del Parlamento cabe cuestionarse la proporcionalidad y como se eligen a los diputados/as. A pesar de todo, los partidos con sensibilidad social no pueden apoyar estos Presupuestos.
El gasto público ha pasado del 45,8% en el 2011 al 41,3% del PIB en el 2017, lo que representa en estos últimos 6 años una caída de 50.000 millones de euros que tendrían que ir destinados a políticas sociales y a empleo.
Según el informe de la Comisión Europea para el año 2017 en nuestro país el 28% de los ciudadanos está en riesgo de exclusión y el 13% de los trabajadores/as está en riesgo de pobreza y uno de cada cuatro contratos temporales que se firmaron en el 2016 tuvo una duración inferior a 7 días. La tasa de paro juvenil duplica a la de la UE, sólo el 30% de los trabajadores/as jóvenes cobra más de 1000 euros.
Estas cifras demuestran que son unos presupuestos elaborados de espaldas a las necesidades de la ciudadanía, pendientes exclusivamente de las cifras macroeconómicas que cuadren el déficit de las balanzas económicas. Necesitaríamos una reforma en profundidad del sistema fiscal, la derogación inmediata de la reforma laboral, subir los salarios y las pensiones para que aumente el consumo, garantizar presupuestos suficientes de la educación, sanidad y dependencia como garantía de salvaguardar unos servicios públicos de calidad.
Son unos presupuestos que perjudican directamente a 12 millones de españoles, al subir a los pensionistas el 0,25% y a los funcionarios el 1%, por debajo del IPC y continuando con la pérdida del poder adquisitivo. Además reducen la inversión en infraestructuras respecto al año 2011 y mantienen una rebaja injusta del IRPF a las rentas más altas. Eso sí, Euskadi a través del PNV y Canarias con el diputado de Nueva Canaria han hecho caja aprovechándose de lo inestable de la situación política del país; lo que se puede entender como una insolidaridad con el resto de autonomías o una duda sobre el papel de los diputados/as del resto de las autonomías más obedientes a las directrices de sus partidos que a las necesidades de sus territorios. Después de este juego político en el tablero del Parlamento cabe cuestionarse la proporcionalidad y como se eligen a los diputados/as. A pesar de todo, los partidos con sensibilidad social no pueden apoyar estos Presupuestos.
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