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Guerra escolar en Zaragoza, que no en Aragón.

En Zaragoza (y no en la escuela rural, matiz importante) es una realidad que cada vez que se habla de planificación educativa y de escolarización, se desarrolla una confrontación abierta entre la patronal (vehicularizada a través de padres y algunos profesores de la red concertada) y los gobiernos si no están constituidos por los partidos de la derecha que defiendan sus intereses de empresa.
Este hecho se agudiza como consecuencia de que sigue bajando la población infantil y por tanto es necesaria una adecuación de la oferta a la demanda, lo que supone que se necesita un menor número de aulas, y no podemos obviar que en el Gobierno de Aragón está gobernando el PSOE con el apoyo de los partidos de la izquierda y no el PP como las legislaturas anteriores.
La tan ansiada "libertad de elección de centro" no la entiendo entre centros, sean públicos o concertados, que utilizan el dinero público para dar un servicio educativo, más bien, este tipo de centros deben estar sujetos a la planificación que la administración realice.
El 4 de Abril la concertada realizó una gran manifestación por las calles de Zaragoza para que no se cerrasen 14 aulas (previstas por la DGA entre los 84 centros concertados) ubicadas en los grandes y poderosos centros concertados de la ciudad, salvando de ese ajuste a los centros que matriculan a la diversidad del alumnado y dan una enseñanza totalmente gratuita de la misma forma que lo hace la red pública.   En todo este proceso de confusión y afirmaciones contradictorias entre todos, a mí personalmente, me encantaría que la Consejería de Educación nos facilitase los datos de escolarización de todos los centros (públicos y concertados) para conocer el tipo de escolarización que tiene cada uno de ellos, sus características y las becas que utilizan.
En dicha manifestación del día 4 entiendo la presencia de la patronal y órdenes religiosas, defienden sus intereses patronales, entiendo a los padres que defienden un modelo de escuela diferenciada de la pública y puedo entender, incluso, la presencia de los trabajadores que sin compartir las reivindicaciones de los anteriores colectivos, estaban en la manifestación por miedo a perder sus puestos de trabajo.  La DGA debe dejar claro y asumir que los trabajadores y trabajadoras que se vean afectados por la planificación educativa, puedan reubicarse en otros centros o bien aumentar la plantilla de los centros que necesiten apoyo.  Dejando esto claro, no veo ningún ataque de un Gobierno de rojos para acabar con la red concertada, más bien, parece una necesidad por razones demográficas y para reequilibrar lo realizado por los Gobiernos del PP,  los datos son clarificadores.  En tiempos de gobiernos del PP se crearon 112 aulas concertadas y se cerraron 28 aulas en la pública, se cerraron 30 aulas en la escuela rural y en torno a 2000 interinos perdieron sus puestos de trabajo.  Aunque me imagino que en los despachos de la DGA están valorando y sopesando las consecuencias de la manifestación del día 4 y también las consecuencias para la aprobación de los presupuestos de la actitud que tome Podemos con respecto a los conciertos, tengo que elogiar el acierto de la Consejera Mayte Perez, que aguantando las presiones de unos y otros ha actuado con sentido común al tomar una decisión política valiente y anteponiendo el bien común a otras consideraciones.

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