domingo, 12 de marzo de 2017

Pacto educativo habrá, pero ¿qué tipo de Pacto?.

Estoy seguro, pacto educativo habrá.     Después de constituirse una subcomisión en la Comisión de Educación de la Cortes formada por PP, PSOE y C´s, saldrá algún tipo de documento, más o menos consensuado, que puedan presentar a la sociedad como los grandes logros en que se basará una nueva legislación educativa o bien la modificación de los artículos más conflictivos de la LOMCE, que por otro lado ya están mitigados o paralizados.   Visualizaremos también la fuerte oposición de Podemos que no entrará en un acuerdo y se proclamará como el gran defensor de la Escuela Pública.  Ya hemos visto esa película con distintos actores.
Pero, ¿qué tipo de pacto presentarán?.      En la pasada legislatura todos los partidos, exceptuando el PP y Podemos (no formaba parte del Parlamento) consiguieron redactar un documento conjunto por el que se comprometían a derogar la LOMCE y marcaron unos objetivos generales a desarrollar en la futura ley.  El documento puede quedar en eso, en redactar los objetivos generales similares a los del documento de consenso, pero sin desarrollar, sin plasmarlo en la legislación, salvo excepciones.    Si es así, no se resolverán los problemas reales que tiene la educación en este país,  será un documento político más, dedicado a huir del fracaso, escrito a la defensiva, sin ambición, un documento pobre...
Para que el documento elaborado por la subcomisión sea un texto comprometido y con vocación de resolver los problemas, tendrá que afrontar los grandes retos que tiene la educación:     la relación entre la red pública y concertada;  la educación en valores;  la relación del Estado con las Autonomías; y la financiación de la educación, a los partidos no les queda otra solución que comprometerse a recuperar el punto perdido en los presupuestos con los gobiernos del PP y avanzar hasta conseguir el 7% del PIB.  
La relación entre las dos redes educativas, desde que la LODE implantó los conciertos, es un tema complicado porque se entremezclan cuestiones económicas e ideológicas.  Los conciertos se entienden como un contrato entre los centros privados que atienden necesidades de escolarización y el propio Estado.    Contrato que en muchos casos se incumple y el Estado, hace dejación de sus responsabilidades, por eso hay esa sensación de que algunos centros concertados reciben dinero público y por otro lado incumplen parte de las obligaciones a que se someten al aceptar los conciertos (seleccionan al alumnado,  su enseñanza no es gratuita, o ambos aspectos).
El artículo 27 de la Constitución, proclama "garantizar el derecho a la educación, mediante la programación general de la enseñanza".  No vale argumentar con una interesada "libertad de elección" de centro, que no aparece en el texto constitucional para forzar la apertura de unidades en un centro privado y ligarla a la inexistente legalidad de los conciertos.
El artículo 48.3 de la LODE, proclama que "tendrán preferencia para acogerse al régimen de conciertos aquellos centros que satisfagan necesidades de escolarización, atiendan a poblaciones en condiciones económicas desfavorables o que, cumpliendo los requisitos anteriores, realizan experiencias de interés pedagógico en beneficio del sistema educativo.
El artículo 27 de la Constitución, fue quizás el artículo más forzado en la negociación del texto constitucional.  Fue una mezcla de conceptos que reconocen la libertad de la enseñanza, pero sin ninguna referencia explícita a la libertad para elegir centro educativo.  Dada la falta de claridad en el artículo, se fueron sucediendo diversas sentencias aclaratorias del Tribunal Supremo, que hay que acatar pero que no se entienden en relación con el propio artículo 27.
Si el concierto es un contrato, es necesario a través del texto del pacto revisar los términos de dicho contrato, con el fin de que el centro que se acoge voluntariamente al concierto, junto a los derechos que obtiene, esté sujeto al control de las obligaciones a que conlleva.
La educación en valores es otro tema que sigue sin consenso desde la transición, la alternancia en el Gobierno conlleva  el papel relevante o no de la nota de la religión.  Educar en valores es una obligación del claustro y así se debe de recoger en la programación de los centros,  sin embargo, parece necesario dedicar un tiempo específico para reflexionar y  fomentar en el alumnado valores solidarios e integradores, conocer las instituciones democráticas y el valor de las Constituciones en el funcionamiento democrático de la sociedad.  No cabe ya que la nota de la  enseñanza de la religión tenga  consideración académica.  La religión es una opción personal y por tanto su enseñanza debe quedar en ese ámbito, la escuela complementará con el conocimiento de las diversas religiones la formación humanística del alumnado.
La relación entre el Estado y las Autonomías es otro elemento de conflicto permanente al emplearse la educación como un instrumento político para desgastar al contrario.  La lucha por quién es el competente para desarrollar la gestión educativa en diferentes temas dio lugar a numerosos recursos judiciales que frenan iniciativas educativas y generan desconfianzas entre administraciones.  Parece necesario revisar los protocolos de gestión, revisar las legislaciones básicas para clarificar lo que corresponde a cada administración ... y sobre todo fomentar la lealtad institucional entre administraciones.
En lo que se refiere al propio sistema educativo desde el punto de vista pedagógico y organizativo, seguro que volverán a la agenda educativa temas como las revalidas y los itinerarios con el pretexto de mejorar los resultados académicos y fomentar la cultura del esfuerzo. De nuevo en este tema volverá a dividirse la comunidad educativa y, también,  los expertos y ya que estamos hablando de pacto, ¿por qué no trabajamos para conseguir un pacto entre calidad y equidad;   entre igualdad de oportunidades y esfuerzo;  y entre considerar a la evaluación como obstáculo o evaluar para mejorar?.
Esos son los retos, a mi entender, para que el pacto, además de político, sea educativo y social.