En educación los tiempos pasan de forma vertiginosa y ante la propuesta de la Ministra de presentar una nueva ley que derogue a la LOMCE, lo acontecido durante los últimos meses en educación ya no parece tan relevante. Y sin embargo en la comunidad educativa de cada centro y en concreto en los claustros aún quedan flecos importantes de la etapa anterior por resolver como es el caso de los efectos del R/D del 2012 de ajustes y recortes en la Administración. El nuevo equipo ministerial lo derogó, sin embargo, es el ámbito autonómico en sus mesas de negociación, los que tienen la capacidad de revertir los efectos de dicho Real Decreto. Eso supondrá que el profesorado de algunas CCAA se beneficiará de la negociación y verá como le rebajan las ratios y el horario lectivo y sin embargo en el resto de CCAA sus efectos continuarán. Las movilizaciones en Cataluña de funcionarios que reivindican acabar con los recortes y mejorar sus condiciones laborales y retributivas, es un buen ejemplo de ello.
La derogación de la LOMCE fue una exigencia de gran parte de la sociedad y de todos los partidos políticos del ámbito parlamentario, exceptuando al PP y a C's. Aunque las declaraciones de la Ministra son confusas y ambiguas al respecto y no aclara si habrá derogación o más bien modificación de los aspectos más lesivos, lo cierto es que se ha generado un debate en el seno de la comunidad educativo, como bien quedó reflejado en el Pleno del Consejo Escolar del Estado, que si bien, en su orden del día no estaba previsto el debate, la presencia de la Ministra en en el acto indujo a los consejeros a abrir el debate sobre la necesidad, o no, de aprobar una nueva Ley.
El Pacto Educativo y su traslación a la legislación educativa es una quimera en nuestro país. Se pueden conseguir acuerdos generales sobre objetivos a conseguir, o bien acuerdos puntuales sobre cuestiones concretos como potenciar la Formación Profesional, extensión de la Educación Infantil o el apoyo a la Escuela Rural, pero, siendo importantes estos temas, no considero que se le pueda denominar Pacto, ya que para ello tendría que abordar los temas que dividieron a la sociedad en los debates anteriores y que aún permanecen.
Si analizamos los desacuerdos educativos siempre que se ha producido un cambio de Gobierno, los temas conflictivos se repiten. Y así nos encontramos con la educación en valores que para la izquierda tiene que tener carácter obligatorio para todo el alumnado y para la derecha ha de ser alternativa a la clase de religión, la misma nota de religión para la derecha debe de tener valor académico y para la izquierda no. La escolarización para la derecha ha de basarse en la libre elección de centro y por tanto la concertación de las unidades dependerá de la demanda social, mientras que para la izquierda todos los centros que funcionan con los presupuestos generales del Estado no pueden competir entre ellos y por tanto la escolarización dependerá de la programación escolar. Para la izquierda la enseñanza ha de ser comprensiva y solidaria con los alumnos con más dificultades, por eso plantea la segregación del alumnado al finalizar la ESO y mantiene que todos los caminos llegarán al mismo Título, mientras que la derecha pretende segregar a mitad de la ESO y dependiendo el camino elegido tendrá una titulación u otra. Tampoco el concepto del esfuerzo se entiende de la misma forma mientras que para la derecha las reválidas son una necesidad, para la izquierda las pruebas externas han de tener el carácter de diagnóstico con el fin de aportar el nivel de conocimiento y del aprendizaje y son orientativas para el profesorado, incluso la propuesta del Ministerio recoge que sea el equipo de profesores que determine la obtención del título de bachillerato con una materia suspensa, o incluso organizar las materias para que el bachillerato se curso en dos o tres años para facilitar la labor al alumnado, ambos hechos son inadmisibles para la derecha.
La realidad es que la educación en nuestros país desde que se aprobó la LODE se sustenta en dos grandes redes educativas ( Pública y Concertada) que a la vez están apoyadas, cada una de ellas, por una parte importante de la comunidad educativa y que están enfrentadas entre ellas en la defensa de una de las redes pero, también, en la forma de entender la educación y la gestión. La enseñanza en nuestro país es prisionera de su propia historia y por eso es radicalmente diferente a la mayoría de países de la UE en los cuales la única red educativa es la pública y como suplementaria existe la red privada. Sin embargo durante la transición en España para satisfacer la demanda social de extender la enseñanza obligatoria hasta los dieciséis años y siendo la red pública insuficiente para escolarizar a todo el alumnado se optó por concertar a parte de los centros de titularidad privada. Esa es nuestra realidad.
Muchos son los temas que ha abierto la Ministra y poco el tiempo que le queda de legislatura y conociendo la historia de los fracasos continuos en las negociaciones de los Pactos, el objetivo sería conseguir el mayor apoyo posible tanto político como social, para que tenga alguna garantía de éxito.
La derogación de la LOMCE fue una exigencia de gran parte de la sociedad y de todos los partidos políticos del ámbito parlamentario, exceptuando al PP y a C's. Aunque las declaraciones de la Ministra son confusas y ambiguas al respecto y no aclara si habrá derogación o más bien modificación de los aspectos más lesivos, lo cierto es que se ha generado un debate en el seno de la comunidad educativo, como bien quedó reflejado en el Pleno del Consejo Escolar del Estado, que si bien, en su orden del día no estaba previsto el debate, la presencia de la Ministra en en el acto indujo a los consejeros a abrir el debate sobre la necesidad, o no, de aprobar una nueva Ley.
El Pacto Educativo y su traslación a la legislación educativa es una quimera en nuestro país. Se pueden conseguir acuerdos generales sobre objetivos a conseguir, o bien acuerdos puntuales sobre cuestiones concretos como potenciar la Formación Profesional, extensión de la Educación Infantil o el apoyo a la Escuela Rural, pero, siendo importantes estos temas, no considero que se le pueda denominar Pacto, ya que para ello tendría que abordar los temas que dividieron a la sociedad en los debates anteriores y que aún permanecen.
Si analizamos los desacuerdos educativos siempre que se ha producido un cambio de Gobierno, los temas conflictivos se repiten. Y así nos encontramos con la educación en valores que para la izquierda tiene que tener carácter obligatorio para todo el alumnado y para la derecha ha de ser alternativa a la clase de religión, la misma nota de religión para la derecha debe de tener valor académico y para la izquierda no. La escolarización para la derecha ha de basarse en la libre elección de centro y por tanto la concertación de las unidades dependerá de la demanda social, mientras que para la izquierda todos los centros que funcionan con los presupuestos generales del Estado no pueden competir entre ellos y por tanto la escolarización dependerá de la programación escolar. Para la izquierda la enseñanza ha de ser comprensiva y solidaria con los alumnos con más dificultades, por eso plantea la segregación del alumnado al finalizar la ESO y mantiene que todos los caminos llegarán al mismo Título, mientras que la derecha pretende segregar a mitad de la ESO y dependiendo el camino elegido tendrá una titulación u otra. Tampoco el concepto del esfuerzo se entiende de la misma forma mientras que para la derecha las reválidas son una necesidad, para la izquierda las pruebas externas han de tener el carácter de diagnóstico con el fin de aportar el nivel de conocimiento y del aprendizaje y son orientativas para el profesorado, incluso la propuesta del Ministerio recoge que sea el equipo de profesores que determine la obtención del título de bachillerato con una materia suspensa, o incluso organizar las materias para que el bachillerato se curso en dos o tres años para facilitar la labor al alumnado, ambos hechos son inadmisibles para la derecha.
La realidad es que la educación en nuestros país desde que se aprobó la LODE se sustenta en dos grandes redes educativas ( Pública y Concertada) que a la vez están apoyadas, cada una de ellas, por una parte importante de la comunidad educativa y que están enfrentadas entre ellas en la defensa de una de las redes pero, también, en la forma de entender la educación y la gestión. La enseñanza en nuestro país es prisionera de su propia historia y por eso es radicalmente diferente a la mayoría de países de la UE en los cuales la única red educativa es la pública y como suplementaria existe la red privada. Sin embargo durante la transición en España para satisfacer la demanda social de extender la enseñanza obligatoria hasta los dieciséis años y siendo la red pública insuficiente para escolarizar a todo el alumnado se optó por concertar a parte de los centros de titularidad privada. Esa es nuestra realidad.
Muchos son los temas que ha abierto la Ministra y poco el tiempo que le queda de legislatura y conociendo la historia de los fracasos continuos en las negociaciones de los Pactos, el objetivo sería conseguir el mayor apoyo posible tanto político como social, para que tenga alguna garantía de éxito.
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