Los trabajos que se realizaron tanto por parte de los expertos como por parte de los representantes de la organizaciones sociales de la comunidad educativa nunca cristalizaron en un acuerdo que se pudiese trasladar a la legislación educativa y por tanto que pudiesen estabilizar una ley educativa. Los diferentes Gobiernos, dependiendo de su ideología van recogiendo las ideas de la base social más afines a sus ideas y desprecian las del otro campo ideológico. Así viene sucediendo en la educación de nuestro país yo diría, que incluso, desde la transición. Pero todos esos trabajos que periódicamente se vienen configurando junto a los numerosos debates que se realizan han dado argumentos a un modelo bipolar que sustenta a los dos modelos educativos que dan sustento a las dos formas que se han configurado en educación, una conservadora y otra progresista, que cada vez más se separan del deseable consenso y buscan argumentos y fundamentos ideológicos que fortalecen sus posiciones pero que se alejan más de la otra opción.
Esto (como bien recoge JA Marina) da lugar a una tensión educativa permanente entre conceptos educativos irreconciliables, y así se produce una tensión entre el modelo comprensivo e inclusivo para integrar a todo el alumnado con todas sus diferencias a través de ayudas y compensaciones (progresista) del modelo diferenciado en itinerarios según conocimientos e incluso según el sexo (conservador); entre el modelo de darle todas las competencias educativas al Estado (progresista) o a las familias (conservador); el considerar un modelo laico en la escuela fomentando asignaturas obligatorias de educación en valores universales para todo el alumnado y dejar a la religión como optativa y sin reconocimiento académico de su nota (progresista) o considerar el derecho de las familias a elegir la educación en valores de sus hijos (conservador); que el currículo sea de carácter nacional como pretenden los conservadores o más bien que parte de esas competencias recaigan en las CCAA (progresistas). Con respecto a la Autonomía de los centros también se producen desavenencias, mientras los conservadores no le ponen limitaciones los progresistas plantean que se controle esa autonomía por parte de las administraciones sobre todo para que no se den situaciones que podrían llevar a la selección del alumnado; tampoco en la forma de gestionar los centros hay acuerdo, para los conservadores la dirección ha de seer profesionalizada mientras que para los progresistas no se debe renunciar a la participación democrática a la hora de gestionar un centro, incluso en la elección del la dirección; para los conservadores la escolarización ha de basarse en la libre elección del centro por parte de las familias, mientras que para los progresistas en la escolarización ha de primar la planificación educativa para todos los centros sostenidos con fondos públicos...
Si a esto añadimos las diferencias con temas como la igualdad de oportunidades, para los progresistas han de garantizar al alumnado la obtención de la titulación (becas y ayudas suficientes), o la financiación necesaria para el sistema educativo con el fin de tener una educación de calidad, entenderemos no sólo las dificultades del Pacto, sino la situación tan complicada de configuración en nuestro país dos modelos educativos diferentes sustentados por partidos políticos diferentes en ideología y con bases sociales potentes pero diferentes que, si no me equivoco, nos llevarán a cambios significativas cuando el Gobierno cambie de signo político. Nos queda como consuelo que esa base de acurdo de mínimos sea muy amplia para no descolocar a los centros ni a las familias ni al alumnado.
Esto (como bien recoge JA Marina) da lugar a una tensión educativa permanente entre conceptos educativos irreconciliables, y así se produce una tensión entre el modelo comprensivo e inclusivo para integrar a todo el alumnado con todas sus diferencias a través de ayudas y compensaciones (progresista) del modelo diferenciado en itinerarios según conocimientos e incluso según el sexo (conservador); entre el modelo de darle todas las competencias educativas al Estado (progresista) o a las familias (conservador); el considerar un modelo laico en la escuela fomentando asignaturas obligatorias de educación en valores universales para todo el alumnado y dejar a la religión como optativa y sin reconocimiento académico de su nota (progresista) o considerar el derecho de las familias a elegir la educación en valores de sus hijos (conservador); que el currículo sea de carácter nacional como pretenden los conservadores o más bien que parte de esas competencias recaigan en las CCAA (progresistas). Con respecto a la Autonomía de los centros también se producen desavenencias, mientras los conservadores no le ponen limitaciones los progresistas plantean que se controle esa autonomía por parte de las administraciones sobre todo para que no se den situaciones que podrían llevar a la selección del alumnado; tampoco en la forma de gestionar los centros hay acuerdo, para los conservadores la dirección ha de seer profesionalizada mientras que para los progresistas no se debe renunciar a la participación democrática a la hora de gestionar un centro, incluso en la elección del la dirección; para los conservadores la escolarización ha de basarse en la libre elección del centro por parte de las familias, mientras que para los progresistas en la escolarización ha de primar la planificación educativa para todos los centros sostenidos con fondos públicos...
Si a esto añadimos las diferencias con temas como la igualdad de oportunidades, para los progresistas han de garantizar al alumnado la obtención de la titulación (becas y ayudas suficientes), o la financiación necesaria para el sistema educativo con el fin de tener una educación de calidad, entenderemos no sólo las dificultades del Pacto, sino la situación tan complicada de configuración en nuestro país dos modelos educativos diferentes sustentados por partidos políticos diferentes en ideología y con bases sociales potentes pero diferentes que, si no me equivoco, nos llevarán a cambios significativas cuando el Gobierno cambie de signo político. Nos queda como consuelo que esa base de acurdo de mínimos sea muy amplia para no descolocar a los centros ni a las familias ni al alumnado.