Aseveraciones como "hay demasiados universitarios" o " a la Universidad llega todo el mundo" manifiestan claras intenciones de realizar cambios legislativos para conseguir acabar con la igualdad de oportunidades y que las Universidades se conviertan de nuevo en élites sociales a las que no tengan acceso toda la ciudadanía. A través de R/D el Gobierno del PP es lo que está consiguiendo.
Ya en el 2012 se introdujeron unos cambios legislativos que modificaron la Ley Universitaria y que afectan al aumento de las tasas universitarias con el pretexto de asimilarlas al coste real; a la imposición de un límite de gasto y a la imposibilidad de aumentar por encima del 10% la tasa de reposición de las plantillas; si a esto añadimos los recortes generalizados que están sufriendo como consecuencia de estar sujetas a los PGE del Estado y de las CCAA, se puede deducir que los problemas presupuestarios que están padeciendo las universidades públicas, no es demagogia, es una realidad.
Ahora dan un vuelta más para conseguir su objetivo y pretenden modificar la estructura de las enseñanzas universitarias e implantar tres años de grado y dos de masters. Como es costumbre en el Ministerio sin debate ni consenso en el seno de la comunidad universitaria ni por supuesto sin tener en consideración al resto de partidos del ámbito parlamentario.
Van a dar la posibilidad a cada universidad de que el grado tenga entre 180 y 240 créditos lo que supone en la práctica la deshomogeneización de los títulos universitarios ya que habrá universidades donde haya que cursar tres años y otras cuatro años para obtener el grado. Pretenden que en el grado se cursen estudios generalistas y que sea en el masters donde se imparten contenidos específicos, lo que en la práctica convierten a los grados como un curso puente hacia los masters, lo mismo que supone tener el título de bachillerato como un paso hacia la Universidad y que apenas tengan relevancia para la inserción laboral. Pero quizás lo más significativo, por lo que afecta a la economía familiar, es el encarecimiento del título universitario ya que el coste del masters se duplica lo que para muchas familias unido al descenso de las becas, supone la imposibilidad de ayudar a sus hijos en sus estudios universitarios.
Otros aspectos colaterales de la modificación de la Ley, pero no por ello menos importantes es por un lado la desregulación y la flexibilidad de creación de centros universitarios en un claro guiño hacia las universidades privadas y por otro introducir en la acreditación del profesorado criterios menos objetivos y más subjetivos.
Ante todo ello nuestra Federación se opone, vuelve a recordarle al Ministro que estamos en año electoral y que lo más prudente es que reformas de este calado las afronte el nuevo Gobierno y hacemos un llamamiento a la comunidad universitaria a que participe en las movilizaciones convocadas.
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