Con la presentación del segundo borrador del anteproyecto de Ley, entendemos la actitud del PP al rechazar el Pacto propuesto por el anterior Ministro, y la debilidad del propio Ministerio frente al aparato más duro del PP. Sumiso a los planteamientos de la Iglesia y a las pretensiones de la patronal de la enseñanza privada, su intención es imponer su modelo educativo al resto de la sociedad. Es legítimo, pues tienen los votos suficientes para ello; peró también será legítimo que el resto de partidos y parte de la sociedad exijan un cambio de modelo educativo cuando sea posible, y de esta forma nos alejaremos de la estabilidad legislativa tan necesaria para la educación del país.
Con el pretexto de mejorar los resultados academicistas del alumnado y también por la la crisis, nos llevan hacia una sociedad donde el individuo carezca de igualdad de oportunidades y los que más necesiten de la ayuda de la sociedad para conseguir los objetivos escolares, más desprotegidos estén.
Conocemos las debilidades que tiene nuestro sistema, las evaluaciones internacionales así nos lo indican. Es cierto que existen índices de abandonos escolares excesivos, pero, ¿quién es más culpable? ¿el sistema educativo ó el modelo productivo que en unos momentos atrae al alumnado hacia un mercado laboral precarizado y en otros como consecuencia de la crisis los devuelve para mejorar su cualificación profesional?.
También es cierto que nuestro alumnado está por debajo de la media en "excelencia"; pero nadie pone en valor la "equidad" de nuestro sistema, que también aparece reflejada en las encuestas.
El Ministro Wert rompió con el ambiente de consenso que el anterior Ministro consiguió con la comunidad educativa y que no se concretó en el Pacto por una visión sectaria y partidista de algunas Organizaciones que antepusieron sus propios planteamientos al interés general. En aquel momento hubo una clara intención de acercar posturas.
Se consideró a la educación como un servicio público, y por ello se comprometía a las dos redes con una planificación en la escolarización; se contemplaba la posibilidad de flexibilizar la temporalización del bachillerato y se remarcó el caracter orientativo del cuarto de la ESO. Se realizó un intenso debate sobre la FP que cristalizó en la LES haciendo más permeable y flexible a la FP; y se reforzaron las medidas de apoyo para ayudar a los alumnos con más dificultades a través de programas como el PROA.
Ante esto nos encontramos con un borrador de Ley que responde a un modelo de escuela que clasifica al alumnado y se olvida de la formación integral. Segrega al alumnado por la educación en valores, en lo que considero una aberración contraria al propio hecho educativo (aquí los religiosos, allí los ateos); segregan por el nivel de conocimientos con los itinerarios y financian a los centros privados que separan al alumnado por sexos. Quita atribuciones a los Consejos Escolares, restringe la participación de los padres en los centros y por el contrario potencia la figura del director convertiéndolo en jefe de personal con la capacidad de elegir a determinado profesorado. Flexibiliza las normativas de la escolarización, respondiendo esta a la oferta y a la demanda de las familias olvidándose de la planificación de la escolarización.
Hoy estamos más alejados de conseguir un Pacto Social y Político en Educación.
Con el pretexto de mejorar los resultados academicistas del alumnado y también por la la crisis, nos llevan hacia una sociedad donde el individuo carezca de igualdad de oportunidades y los que más necesiten de la ayuda de la sociedad para conseguir los objetivos escolares, más desprotegidos estén.
Conocemos las debilidades que tiene nuestro sistema, las evaluaciones internacionales así nos lo indican. Es cierto que existen índices de abandonos escolares excesivos, pero, ¿quién es más culpable? ¿el sistema educativo ó el modelo productivo que en unos momentos atrae al alumnado hacia un mercado laboral precarizado y en otros como consecuencia de la crisis los devuelve para mejorar su cualificación profesional?.
También es cierto que nuestro alumnado está por debajo de la media en "excelencia"; pero nadie pone en valor la "equidad" de nuestro sistema, que también aparece reflejada en las encuestas.
El Ministro Wert rompió con el ambiente de consenso que el anterior Ministro consiguió con la comunidad educativa y que no se concretó en el Pacto por una visión sectaria y partidista de algunas Organizaciones que antepusieron sus propios planteamientos al interés general. En aquel momento hubo una clara intención de acercar posturas.
Se consideró a la educación como un servicio público, y por ello se comprometía a las dos redes con una planificación en la escolarización; se contemplaba la posibilidad de flexibilizar la temporalización del bachillerato y se remarcó el caracter orientativo del cuarto de la ESO. Se realizó un intenso debate sobre la FP que cristalizó en la LES haciendo más permeable y flexible a la FP; y se reforzaron las medidas de apoyo para ayudar a los alumnos con más dificultades a través de programas como el PROA.
Ante esto nos encontramos con un borrador de Ley que responde a un modelo de escuela que clasifica al alumnado y se olvida de la formación integral. Segrega al alumnado por la educación en valores, en lo que considero una aberración contraria al propio hecho educativo (aquí los religiosos, allí los ateos); segregan por el nivel de conocimientos con los itinerarios y financian a los centros privados que separan al alumnado por sexos. Quita atribuciones a los Consejos Escolares, restringe la participación de los padres en los centros y por el contrario potencia la figura del director convertiéndolo en jefe de personal con la capacidad de elegir a determinado profesorado. Flexibiliza las normativas de la escolarización, respondiendo esta a la oferta y a la demanda de las familias olvidándose de la planificación de la escolarización.
Hoy estamos más alejados de conseguir un Pacto Social y Político en Educación.
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