martes, 6 de octubre de 2015

¿HABRÁ PACTO EDUCATIVO DESPUÉS DE LAS ELECCIONES?

Complicado dilema cuando desde la transición es un tema recurrente pero inalcanzable.  La visión sectaria y partidista de los políticos e incluso de la comunidad educativa hace inviable un acuerdo (aunque sea de mínimos) que logre estabilizar la normativa educativa; las prioridades educativas son radicalmente diferentes desde el ámbito de la izquierda y de la derecha; los grupos de presión, especialmente eclesiásticos, impiden acuerdos razonables ... por estas, y otras razones, soy bastante escéptico, pero no por ello debemos cejar en intentar conseguir el Pacto Educativo.

En el inicio de este curso, y a pesar del cambio del Ministro, la LOMCE sigue su camino pese a la oposición de la mayoría de las CCAA y de la comunidad educativa, y, en medio, los centros y el profesorado continúan padeciendo las consecuencias de una ley con fecha de caducidad.  Para estabilizar el sistema educativo es básico consensuar las líneas en las que sustenta y alejarnos de posicionamientos maximalistas  que lo único que pueden garantizar son los cuatro años del gobierno de una legislatura.

Es necesario releer de nuevo la Constitución y darle un nuevo sentido al derecho a la educación, ampliando hasta los 18 años su obligatoriedad y garantizando una formación a lo largo de la vida.  La educación debe ser garante de la igualdad de oportunidades.  Los presupuestos educativos deben ser solidarios con las familias con necesidades económicas y con el alumnado que necesita ayuda en su aprendizaje.  Tal derecho, exigirá en una estructura del Estado tan diversificada una inversión que suponga un suelo económico mínimo para todos, como garantía de ese derecho a la educación.

La relación entre las redes educativas, así como una nueva definición de los conceptos de gratuidad de la enseñanza, la escolarización y la educación en valores, necesitan de una clarificación  para acabar con la ambigüedad con que hoy se interpreta.  Otro aspecto a considerar es la necesidad de evaluar y cambiar lo necesario de la propia estructura básica del sistema educativo, asegurando una enseñanza inclusiva, asumiendo los objetivos educativos y la dimensión europea y potenciando los instrumentos de coordinación estatales, como la Conferencia Sectorial, el Consejo Escolar y los Programas de Cooperación.

El Gobierno del PP llega a las elecciones con una nefasta gestión en educación como consecuencia de un Ministro que se alejó de las palabras "consenso", "acuerdo"  y "participación" e impuso una ley.  Así, nos encontramos con 35.000 profesores menos; con un punto menos del PIB en educación con las consecuencias que conlleva para el profesorado y los centros (alejándonos cada vez más de la media de la U.E.).  Los presupuestos educativos son asunto primordial ya que es garantía de profesores, medios y recursos en los centros, y por tanto un acuerdo de financiación es básico en el futuro Pacto.

El cambio del Ministro producido al final de la legislatura no ha estado tampoco exento de polémica, puesto que parece que había que primar el trabajo de Wert con un puesto relevante en la OCDE,  Su sucesor aunque ha modificado las formas constituyendo la Mesa Sectorial, carece de tiempo material para desarrollar una mínima gestión. Iniciativas como OEP con la tasa de reposición al 100% o mejorar el sistema de sustituciones del profesorado en algunos casos resultan insuficientes y le exigimos la retirada del R/D que regulo los recortes en la Función Pública de este país.

Estabilizar la Ley Educativa es una necesidad, mimbres hay para ello ya que todos los partidos, exceptuando el PP y UPyD, firmaron un Acuerdo para derogar la LOMCE cuando la composición del Parlamento lo permita.  Pero eso es insuficiente, se necesita que el Pacto sea de todos pero de ninguno en particular y para eso es necesario esfuerzo y generosidad.