martes, 23 de septiembre de 2014

FETE-UGT RECHAZA EL INFORME DEL CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO 2012-2013

FETE-UGT no ha dado su apoyo al informe sobre el estado del sistema educativo correspondiente al curso 2012-2013, elaborado por el Consejo Escolar del Estado. Ante el Pleno del máximo órgano consultivo en materia de educación, celebrado hoy, he expresado mi rechazo al documento, por no considerarlo contundente con la política de recortes educativos practicada por el Gobierno, ni recoger todo el proceso de movilizaciones que la comunidad escolar llevó a cabo durante ese curso en contra de la LOMCE.

En mi intervención he señalado que los análisis y valoraciones que recoge el informe 2012-2013 pueden trasladarse al inicio del actual, puesto que el Ministerio de Educación ha persistido en una ausencia total de consenso en materia educativa, al menos con una parte fundamental de la comunidad escolar, y en una política continuada de recortes. Como prueba de ello, quiero resaltar algunos acontecimientos que han protagonizado el actual comienzo de curso como los encierros para reclamar más profesores y aulas, clases impartidas bajo temperaturas sofocantes, aulas de Bachillerato con 45 alumnos o falta de presupuesto para la formación del profesorado. Además quiero hacer hincapié en la incertidumbre existente en los centros respecto a la implantación de la Ley Wert,  que, dada su falta de consenso, inicia ya su andadura con fecha de caducidad.

El curso a que nos referimos (2012/2013) es el curso en el que se conocieron tres anteproyectos de ley previos a su aprobación en el Parlamento y una parte notable de la comunidad educativa se sintió ninguneada en la negociación de la ley, a la que se opuso con movilizaciones sociales y con la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional. Un recurso que está todavía pendiente de resolución y sobre el que FETE-UGT mantiene grandes esperanzas de que lo que no se consiguió mediante la negociación se logre por la vía jurídica, ya sea nacional o internacional.

La merma en el derecho de participación, la segregación por sexo o el impedir que todo el alumnado pueda recibir una educación cívica y laica son algunos de los asuntos que, a juicio de nuestra organización, no solo han roto el consenso constitucional, sino que alejan a España de los parámetros educativos internacionales. En este sentido, cabe recordar que el Consejo de Estado llamó la atención, en su informe de 24 de abril de 2013, sobre estos aspectos, al destacar como defecto grave del proyecto de ley el no haber intentado un acuerdo educativo, además de reconocer la necesidad de una memoria económica.

Con todo, la falta de un presupuesto suficiente para la implantación de la ley está afectando ya a diversas instancias. En primer lugar, a los Gobierno autonómicos, que han iniciado la andadura de la Formación Profesional Básica a cuenta de sus propios presupuestos territoriales. Pero, sobre todo, afecta a las familias, toda vez que el Gobierno ha reconocido un descenso en la cuantía de las becas.  Ya no sirve jugar con el baile de cifras, ni confundir con los datos del año natural o el curso, puesto que la realidad es que hay  6.000 beneficiarios menos y un descenso de 250 millones, es decir, una caída de un 15% en los últimos años.

Los presupuestos insuficientes no sólo afectan a la vida interna de los centros, sino que también afectan al profesorado, con un 30% de pérdida de poder adquisitivo de nuestras retribuciones,   con una pérdida, o la transformación en precario de cerca del 20% de los puestos de trabajo,   con la penalización al acogerse  a las  bajas médicas,   con escasa cobertura en las sustituciones y con unas tasas de reposición del 10% que están dejando a los centros en mínimos, y retrotrayendo al sistema educativo a unas cifras desconocidas desde los años 90.

Para FETE-UGT, el Gobierno permanece enquistado en unas posiciones que no son otras que el desmantelamiento de la educación como servicio público, para lo que no cesa de introducir mecanismos de mercantilización. El informe del Consejo Escolar del Estado no es contundente con la política educativa de Mariano Rajoy, ni recoge el malestar de sindicatos, familias, estudiantes y docentes contra la implantación de la LOMCE. Todo ello nos ha llevado a rechazar el informe sobre el curso 2012-2013.