FETE-UGT no ha
dado su apoyo al informe sobre el estado del sistema educativo correspondiente
al curso 2012-2013, elaborado por el Consejo Escolar del Estado. Ante el Pleno
del máximo órgano consultivo en materia de educación, celebrado hoy, he expresado mi rechazo
al documento, por no considerarlo contundente con la política de recortes
educativos practicada por el Gobierno, ni recoger todo el proceso de
movilizaciones que la comunidad escolar llevó a cabo durante ese curso en
contra de la LOMCE.
En mi
intervención he señalado que los análisis y valoraciones que recoge el informe 2012-2013 pueden trasladarse al inicio del
actual, puesto que el Ministerio de Educación ha persistido en una ausencia
total de consenso en materia educativa, al menos con una parte fundamental de
la comunidad escolar, y en una política continuada de recortes. Como prueba de
ello, quiero resaltar algunos acontecimientos que han protagonizado el actual
comienzo de curso como los encierros para reclamar más profesores y aulas,
clases impartidas bajo temperaturas sofocantes, aulas de Bachillerato con 45
alumnos o falta de presupuesto para la formación del profesorado. Además quiero
hacer hincapié en la incertidumbre existente en los centros respecto a la
implantación de la Ley Wert
El curso a que
nos referimos (2012/2013) es el curso en el que se conocieron tres anteproyectos
de ley previos a su aprobación en el Parlamento y una parte notable de la
comunidad educativa se sintió ninguneada en la negociación de la ley, a la que
se opuso con movilizaciones sociales y con la presentación de un recurso ante
el Tribunal Constitucional. Un recurso que está todavía pendiente de resolución
y sobre el que FETE-UGT mantiene grandes esperanzas de que lo que no se
consiguió mediante la negociación se logre por la vía jurídica, ya sea nacional
o internacional.
La merma en el
derecho de participación, la segregación por sexo o el impedir que todo el
alumnado pueda recibir una educación cívica y laica son algunos de los asuntos
que, a juicio de nuestra organización, no solo han roto el consenso
constitucional, sino que alejan a España de los parámetros educativos
internacionales. En este sentido, cabe recordar que el Consejo de Estado llamó
la atención, en su informe de 24 de abril de 2013, sobre estos aspectos, al
destacar como defecto grave del proyecto de ley el no haber intentado un
acuerdo educativo, además de reconocer la necesidad de una memoria económica.
Con todo, la
falta de un presupuesto suficiente para la implantación de la ley está
afectando ya a diversas instancias. En primer lugar, a los Gobierno
autonómicos, que han iniciado la andadura de la Formación
Profesional
Los
presupuestos insuficientes no sólo afectan a la vida interna de los centros,
sino que también afectan al profesorado, con un 30% de pérdida de poder
adquisitivo de nuestras retribuciones,
con una pérdida, o la transformación en precario de cerca del 20% de los
puestos de trabajo, con la penalización
al acogerse a las bajas médicas, con escasa cobertura en las sustituciones y
con unas tasas de reposición del 10% que están dejando a los centros en mínimos,
y retrotrayendo al sistema educativo a unas cifras desconocidas desde los años
90.
Para FETE-UGT,
el Gobierno permanece enquistado en unas posiciones que no son otras que el
desmantelamiento de la educación como servicio público, para lo que no cesa de
introducir mecanismos de mercantilización. El informe del Consejo Escolar del
Estado no es contundente con la política educativa de Mariano Rajoy, ni recoge
el malestar de sindicatos, familias, estudiantes y docentes contra la
implantación de la LOMCE. Todo
Entradas
