Las reformas constitucionales suelen posponerse hasta que estas son inevitables, pero no debiera ser ninguna tragedia social el ir adaptándolas a las exigencias y necesidades de las sociedades del momento, en este caso adaptarla a la sociedad del siglo XXI, eso conlleva que sean un marco referencial para la sociedad y que sea una norma viva y actualizada. Además, modificar la Constitución no es empezar de cero es modificar exclusivamente aquellas normas que no satisfacen las demandas actuales. Y por supuesto estas modificaciones no pueden ser una solución de urgencia para un problema social puntual, como en este caso puede ser Cataluña en lo que respecta al concepto de nación o de nación de naciones, ni tampoco puede ser la respuesta desde el resto de España al cupo vasco por el agravio producido con su aprobación por el Parlamento cuando el resto de CCAA llevan desde el 2016 sin negociar la financiación y con unas normativas de ajuste en el gasto que le impide satisfacer el mantenimiento de la sociedad del bienestar. Debe ser una propuesta para el conjunto del país y para toda la problemática... pero también debe dar solución a estos temas.
En este contexto la agenda política de la modificación de la Constitución que debe abordar la Comisión Parlamentaria, contemplará varios postulados:
Un objetivo claro de esa modificación consiste en blindar lo que se denomina la sociedad del bienestar y para ello hay que retirar del debate político el sistema de protección social e incluirlo en el campo de los derechos de la ciudadanía. Fortalecerlo con una financiación suficiente a través de fijar suelos presupuestarios mínimos tanto en educación, sanidad, dependencia... e instaurar la renta básica, para poder garantizar estos derechos a la ciudadanía y de esta forma cumplir con las exigencias constitucionales. Con respecto a la financiación hay que conjugar los criterios de solidaridad con la atribución de recursos según las capacidades de ingreso de cada Autonomía.
En los últimos años diferentes colectivos estuvieron defendiendo los intereses de los más desprotegidos económicamente y sus conquistas deben estar recogidas en la Constitución, reconociendo, de este modo, la garantía de estos derechos sociales.
El impulso de nuestro país al reafirmar nuestro compromiso con Europa ha de estar recogido en la Constitución e impregnarse de esa realidad, pero también el compromiso de luchar por mayores niveles de igualdad, bienestar social, solidaridad y libertad ... en el ámbito europeo. Es decir, comprometerse a impulsar unas reglas europeas en los cuales predomine el carácter social.
La idea de participación política en los últimos años ha sido uno de los temas de debate y ningún partido ha quedado excluido. Garantizar el derechos a la participación de la ciudadanía pasa por elaborar listas abiertas en los partidos, por la reforma electoral y también por un mayor control del ciudadano de sus representantes. No cabe en el siglo XXI que los partidos políticos carezcan de mecanismos como primarias para elegir a sus candidatos y por profundizar en mayor democracia interna en la vida de los partidos.
La Constitución de un Estado Federal es el reto más importante de esa modificación de la Constitución. Hay que partir de dos hechos incuestionables: en la actualidad estamos en una aximetría autonómica (desde el punto de vista económica) y de unas Autonomías que exigen mayor cota de autonomía política.
Para empezar hay consenso en que el Senado tienen que convertirse en la cámara de debate territorial y dejar de ser el cementerio de elefantes que es en la actualidad. Para ello un grupo de juristas constitucionalistas recomiendan que los Senadores salgan propuestos de los diferentes Parlamentos Autonómicos y su agenda política este más en relación con los problemas de las Autonomías y no tanto como cámara de segunda lectura. También plantean que los Estatutos no tengan que ser aprobados por las Cortes Generales sino por los Parlamentos Autonómicos, con el único requisito de cumplir con los preceptos constitucionales. Existe un consenso generalizado para que la Conferencia Territorial de la que forman parte todas las Presidencias territoriales junto a la Presidencia del Gobierno deje de tener un carácter consultivo para convertirse en decisivo. De esta forma las Autonomías se convierten en parte del Estado.
Por último, y siguiendo con las recomendaciones de los juristas, en la actualidad hay una necesidad de clarificar las competencias del Estado y de las Autonomías, no con el fin de recentralizar gestiones, sino de clarificar y de esta forma intentar que el tribunal Constitucional deje de estar tan activo en cuestiones políticas.
En este contexto la agenda política de la modificación de la Constitución que debe abordar la Comisión Parlamentaria, contemplará varios postulados:
Un objetivo claro de esa modificación consiste en blindar lo que se denomina la sociedad del bienestar y para ello hay que retirar del debate político el sistema de protección social e incluirlo en el campo de los derechos de la ciudadanía. Fortalecerlo con una financiación suficiente a través de fijar suelos presupuestarios mínimos tanto en educación, sanidad, dependencia... e instaurar la renta básica, para poder garantizar estos derechos a la ciudadanía y de esta forma cumplir con las exigencias constitucionales. Con respecto a la financiación hay que conjugar los criterios de solidaridad con la atribución de recursos según las capacidades de ingreso de cada Autonomía.
En los últimos años diferentes colectivos estuvieron defendiendo los intereses de los más desprotegidos económicamente y sus conquistas deben estar recogidas en la Constitución, reconociendo, de este modo, la garantía de estos derechos sociales.
El impulso de nuestro país al reafirmar nuestro compromiso con Europa ha de estar recogido en la Constitución e impregnarse de esa realidad, pero también el compromiso de luchar por mayores niveles de igualdad, bienestar social, solidaridad y libertad ... en el ámbito europeo. Es decir, comprometerse a impulsar unas reglas europeas en los cuales predomine el carácter social.
La idea de participación política en los últimos años ha sido uno de los temas de debate y ningún partido ha quedado excluido. Garantizar el derechos a la participación de la ciudadanía pasa por elaborar listas abiertas en los partidos, por la reforma electoral y también por un mayor control del ciudadano de sus representantes. No cabe en el siglo XXI que los partidos políticos carezcan de mecanismos como primarias para elegir a sus candidatos y por profundizar en mayor democracia interna en la vida de los partidos.
La Constitución de un Estado Federal es el reto más importante de esa modificación de la Constitución. Hay que partir de dos hechos incuestionables: en la actualidad estamos en una aximetría autonómica (desde el punto de vista económica) y de unas Autonomías que exigen mayor cota de autonomía política.
Para empezar hay consenso en que el Senado tienen que convertirse en la cámara de debate territorial y dejar de ser el cementerio de elefantes que es en la actualidad. Para ello un grupo de juristas constitucionalistas recomiendan que los Senadores salgan propuestos de los diferentes Parlamentos Autonómicos y su agenda política este más en relación con los problemas de las Autonomías y no tanto como cámara de segunda lectura. También plantean que los Estatutos no tengan que ser aprobados por las Cortes Generales sino por los Parlamentos Autonómicos, con el único requisito de cumplir con los preceptos constitucionales. Existe un consenso generalizado para que la Conferencia Territorial de la que forman parte todas las Presidencias territoriales junto a la Presidencia del Gobierno deje de tener un carácter consultivo para convertirse en decisivo. De esta forma las Autonomías se convierten en parte del Estado.
Por último, y siguiendo con las recomendaciones de los juristas, en la actualidad hay una necesidad de clarificar las competencias del Estado y de las Autonomías, no con el fin de recentralizar gestiones, sino de clarificar y de esta forma intentar que el tribunal Constitucional deje de estar tan activo en cuestiones políticas.
Comentarios
Publicar un comentario