jueves, 20 de abril de 2017

Los PGE, la crisis la padecen los de siempre.

El 2017 será un nuevo año de austeridad para los de siempre.  Los cambios introducidos por la reforma laboral, la escasa cobertura de la negociación colectiva (el mejor instrumento de redistribución de la renta), la perdida del poder adquisitivo al subir los salarios por debajo del IPC (Según el Banco de España entre el 2008 y el 2014, la pérdida del poder adquisitivo del conjunto de la población española es del 15,8%, y en funcionarios docentes del 25%) ... las cifras macroeconómicas, hacen más competitivas a las empresas. pero esas mejoras no llegan a la vida cotidiana de los trabajadores/as.  Y así, a pesar que en los PGE se preve un 7% más de ingresos,  sin embargo se reducen 5.000 millones de euros destinados a la educación, sanidad, dependencia ... es decir es un verdadero proyecto ideológico para atacar la igualdad de oportunidades.
El gasto público ha pasado del 45,8% en el 2011 al 41,3% del PIB en el 2017, lo que representa en estos últimos 6 años una caída de 50.000 millones de euros que tendrían que ir destinados a políticas sociales y a empleo.
Según el informe de la Comisión Europea para el año 2017 en nuestro país el 28% de los ciudadanos está en riesgo de exclusión y el 13% de los trabajadores/as está en riesgo de pobreza y uno de cada cuatro contratos temporales que se firmaron en el 2016 tuvo una duración inferior a 7 días.  La tasa de paro juvenil duplica a la de la UE, sólo el 30% de los trabajadores/as jóvenes cobra más de 1000 euros.
Estas cifras demuestran que son unos presupuestos elaborados de espaldas a las necesidades de la ciudadanía, pendientes exclusivamente de las cifras macroeconómicas que cuadren el déficit de las balanzas económicas.  Necesitaríamos una reforma en profundidad del sistema fiscal, la derogación inmediata de la reforma laboral, subir los salarios y las pensiones para que aumente el consumo, garantizar presupuestos suficientes de la educación, sanidad y dependencia como garantía de salvaguardar unos servicios públicos de calidad.
Son unos presupuestos que perjudican directamente a 12 millones de españoles, al subir a los pensionistas el 0,25% y a los funcionarios el 1%, por debajo del IPC y continuando con la pérdida del poder adquisitivo.  Además reducen la inversión en infraestructuras respecto al año 2011 y mantienen una rebaja injusta del IRPF a las rentas más altas.  Eso sí, Euskadi a través del PNV y Canarias con el diputado de Nueva Canaria han hecho caja aprovechándose de lo inestable de la situación política del país; lo que se puede entender como una insolidaridad con el resto de autonomías o una duda sobre el papel de los diputados/as del resto de las autonomías más obedientes a las directrices de sus partidos que a las necesidades de sus territorios.  Después de este juego político en el tablero del Parlamento cabe cuestionarse la proporcionalidad y como se eligen a los diputados/as.  A pesar de todo,  los partidos con sensibilidad social no pueden apoyar estos Presupuestos.

sábado, 8 de abril de 2017

Guerra escolar en Zaragoza, que no en Aragón.

En Zaragoza (y no en la escuela rural, matiz importante) es una realidad que cada vez que se habla de planificación educativa y de escolarización, se desarrolla una confrontación abierta entre la patronal (vehicularizada a través de padres y algunos profesores de la red concertada) y los gobiernos si no están constituidos por los partidos de la derecha que defiendan sus intereses de empresa.
Este hecho se agudiza como consecuencia de que sigue bajando la población infantil y por tanto es necesaria una adecuación de la oferta a la demanda, lo que supone que se necesita un menor número de aulas, y no podemos obviar que en el Gobierno de Aragón está gobernando el PSOE con el apoyo de los partidos de la izquierda y no el PP como las legislaturas anteriores.
La tan ansiada "libertad de elección de centro" no la entiendo entre centros, sean públicos o concertados, que utilizan el dinero público para dar un servicio educativo, más bien, este tipo de centros deben estar sujetos a la planificación que la administración realice.
El 4 de Abril la concertada realizó una gran manifestación por las calles de Zaragoza para que no se cerrasen 14 aulas (previstas por la DGA entre los 84 centros concertados) ubicadas en los grandes y poderosos centros concertados de la ciudad, salvando de ese ajuste a los centros que matriculan a la diversidad del alumnado y dan una enseñanza totalmente gratuita de la misma forma que lo hace la red pública.   En todo este proceso de confusión y afirmaciones contradictorias entre todos, a mí personalmente, me encantaría que la Consejería de Educación nos facilitase los datos de escolarización de todos los centros (públicos y concertados) para conocer el tipo de escolarización que tiene cada uno de ellos, sus características y las becas que utilizan.
En dicha manifestación del día 4 entiendo la presencia de la patronal y órdenes religiosas, defienden sus intereses patronales, entiendo a los padres que defienden un modelo de escuela diferenciada de la pública y puedo entender, incluso, la presencia de los trabajadores que sin compartir las reivindicaciones de los anteriores colectivos, estaban en la manifestación por miedo a perder sus puestos de trabajo.  La DGA debe dejar claro y asumir que los trabajadores y trabajadoras que se vean afectados por la planificación educativa, puedan reubicarse en otros centros o bien aumentar la plantilla de los centros que necesiten apoyo.  Dejando esto claro, no veo ningún ataque de un Gobierno de rojos para acabar con la red concertada, más bien, parece una necesidad por razones demográficas y para reequilibrar lo realizado por los Gobiernos del PP,  los datos son clarificadores.  En tiempos de gobiernos del PP se crearon 112 aulas concertadas y se cerraron 28 aulas en la pública, se cerraron 30 aulas en la escuela rural y en torno a 2000 interinos perdieron sus puestos de trabajo.  Aunque me imagino que en los despachos de la DGA están valorando y sopesando las consecuencias de la manifestación del día 4 y también las consecuencias para la aprobación de los presupuestos de la actitud que tome Podemos con respecto a los conciertos, tengo que elogiar el acierto de la Consejera Mayte Perez, que aguantando las presiones de unos y otros ha actuado con sentido común al tomar una decisión política valiente y anteponiendo el bien común a otras consideraciones.