Me consta que la Rectora de la Universidad de Málaga, y Presidenta de la CRUE, está muy preocupada por los desaquilibrios en los presupuestos universitarios como consecuencia en los costes de la educación universitaria y por la normativa estatal que impide a las Universidades la contratación del profesorado que los planes de estudios exigen. Soy consciente y conocedor de la lucha que la CRUE, y en concreto la Rectora de Málaga, llevan a cabo con el
Ministrio para garantizar que los costes universitarios no recaigan sobre las familias socioeconómicamente desfavorecidas. Sin embargo no puedo estar de acuerdo con la idea, llamémosle peregrina" de apadrinar al alumnado" que no puede hacer frente a las tasas universitarias.
La sociedad había, y digo bien "había", conseguido desde la transición la conquista social de garantizar la igualdad de oportunidades en educación en base a una política de becas y ayudas que la garantizaban; y ahora, no podemos volver a un sistema de caridad.
La ayuda a pagar las tasas universitarias a las familias con dificultades económicas, está muy bien desde el punto de vista altruista e individualista, pero se opone a la justicia social que debemos exigir en un momento, precisamente, en donde el Gobierno está implantando modelos basados en la competitividad y en el precio de los servicios sociales que componen la sociedad del bienestar y que muchas familias no pueden acometer económicamente.
La solución está en modificar el sistema impositivo para hacerlo más progresivo, en mejorar la gestión para rentabilizar los recursos y en presionar a los Gobiernos para que la educación sea una prioridad y así se refleje en sus presupuestos.
Ministrio para garantizar que los costes universitarios no recaigan sobre las familias socioeconómicamente desfavorecidas. Sin embargo no puedo estar de acuerdo con la idea, llamémosle peregrina" de apadrinar al alumnado" que no puede hacer frente a las tasas universitarias.
La sociedad había, y digo bien "había", conseguido desde la transición la conquista social de garantizar la igualdad de oportunidades en educación en base a una política de becas y ayudas que la garantizaban; y ahora, no podemos volver a un sistema de caridad.
La ayuda a pagar las tasas universitarias a las familias con dificultades económicas, está muy bien desde el punto de vista altruista e individualista, pero se opone a la justicia social que debemos exigir en un momento, precisamente, en donde el Gobierno está implantando modelos basados en la competitividad y en el precio de los servicios sociales que componen la sociedad del bienestar y que muchas familias no pueden acometer económicamente.
La solución está en modificar el sistema impositivo para hacerlo más progresivo, en mejorar la gestión para rentabilizar los recursos y en presionar a los Gobiernos para que la educación sea una prioridad y así se refleje en sus presupuestos.
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