Últimamente estamos potenciando el debate universitario en las propias Universidades, hecho que nos posibilita contrastar nuestras ideas con rectores, gerentes, profesorado y PAS. De estas reuniones saco las siguientes conclusiones: seguimos dando vueltas al modelo universitario cuando, según mi parecer, el modelo ya lo hemos diseñado. La pregunta que hemos de hacernos es ¿es este un modelo sostenible?
Hemos optado por la territorialidad de los títulos, cohesionando y vertebrando a la sociedad. Consideramos que la Universidad es un servicio público y por tanto las tasas de matrículas son simbólicas (considerando el gasto por alumno universitario es de 7.000 euros anuales).
Se ha optado por graduados de 4 años cuando en el resto de Europa es de 3 años (por cierto, esta medida no responde a posiciones endógenas de la propia Universidad).
Si hemos elegido este patrón porque consideramos que la Universidad es un servicio público y vertebra a la sociedad, los parlamentos autonómicos tienen que buscar una financiación estable y no echar balones fuera pidiendo más financiación a la Administración central. Esa gestión está descentralizada: las autonomías aportan el 95% y el gobierno el 0.5% el resto proviene de empresas, Europa,…
Con respecto al cierre del Estatuto Docente e Investigador tengo que comentar que los Rectores han de ser conscientes de que gestionan una Administración Pública y por tanto hay una norma que es de obligado cumplimiento: el "Estatuto Básico de la Función Pública" y en él se reconoce la negociación colectiva en el seno de la Administración Pública (por tanto, también en las Universidades).
Hemos optado por la territorialidad de los títulos, cohesionando y vertebrando a la sociedad. Consideramos que la Universidad es un servicio público y por tanto las tasas de matrículas son simbólicas (considerando el gasto por alumno universitario es de 7.000 euros anuales).
Se ha optado por graduados de 4 años cuando en el resto de Europa es de 3 años (por cierto, esta medida no responde a posiciones endógenas de la propia Universidad).
Si hemos elegido este patrón porque consideramos que la Universidad es un servicio público y vertebra a la sociedad, los parlamentos autonómicos tienen que buscar una financiación estable y no echar balones fuera pidiendo más financiación a la Administración central. Esa gestión está descentralizada: las autonomías aportan el 95% y el gobierno el 0.5% el resto proviene de empresas, Europa,…
Con respecto al cierre del Estatuto Docente e Investigador tengo que comentar que los Rectores han de ser conscientes de que gestionan una Administración Pública y por tanto hay una norma que es de obligado cumplimiento: el "Estatuto Básico de la Función Pública" y en él se reconoce la negociación colectiva en el seno de la Administración Pública (por tanto, también en las Universidades).
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