martes, 29 de marzo de 2011

El sentido común prima en la última reunión de Función Pública

El Gobierno ha actuado con mucho sentido común al retirar la propuesta de la "armonizacion" de las clases pasivas hacia el Régimen General de la Seguridad Social. Los tres puntos que contempla el Acuerdo Económico y Social (clases pasivas, desarrollo del Estatuto y recuperación de la negociación) deben acometerse en su totalidad y cuando la situación económica lo permita.
Algunos responsables políticos  han echado mano del sentido común y han logrado convencer al resto de que la "educación" tiene unas peculiaridades que la hace diferente al resto de la Administración. Enhorabuena al Gobierno por este desmarque.

lunes, 28 de marzo de 2011

Seguimos perdiendo derechos adquiridos

A dos meses de unas elecciones, el Gobierno sigue con su obsesión –absurda-de atacar los derechos adquiridos por el profesorado en este país. Ahora le toca el turno a la jubilación anticipada. Parece no servir de nada la experiencia de otros países de la UE que mantienen sus jubilaciones anticipadas, ni el hecho de que un alto índice de bajas del colectivo sean provocadas por el estrés.

Soy de los que piensan que todos tendríamos que estar en el Régimen General de la Seguridad Social, pero este paso debería darse sin condiciones, lo que supondría un varapalo para las arcas del Estado ya que cada pensionista debería cobrar entre 200 y 350 euros más al mes y, además deberían aplicarnos la jubilación parcial a partir de los 61 años. Si no pueden incorporar a los 900.000 funcionarios que pertenecemos a las clases pasivas, lo más lógico es que éstas se mantengan hasta que la situación del país permita su integración en el Régimen General. Así evitarían meterse en más charcos.

miércoles, 16 de marzo de 2011

El Estatuto Universitario, punto de fricción con los rectores

Por fin parecía que sindicatos y Ministerio estábamos cerca de cerrar un acuerdo sobre un Estatuto que desarrollaría el Estatuto Básico de la Función Pública en el ámbito universitario.
Un Estatuto que introduciría criterios objetivos en la evaluación, que definiría la jornada laboral, que pondría orden en los contratos -sujetos a la normativa vigente- y que normalizaría la negociación del colectivo en el ámbito universitario.
Cuando todo iba sobre ruedas, aparece un documento de la CRUE interponiéndose en la negociación y cuestionando aspectos fundamentales del documento. Sus críticas están centradas en aspectos relacionados con la flexibilidad de la jornada laboral o en las relaciones laborales, además cuestionan el papel de los sindicatos.
A mi me surgen varias dudas, ¿los rectores realizan estas apreciaciones en nombre de las universidades a las que representan o a nivel personal? supongo que si hablan en nombre de las universidades tendrán que abrir un debate en los claustros.
¿Son conscientes de que existen leyes o normativas que regulan los tipos de contrato que existen en este país? Prolongar una tipología de contratos más vinculados con la precariedad que con los méritos y capacidad no benefician en nada al prestigio de la propia universidad.
En una sociedad democrática cada institución realiza un papel y en este caso, que yo sepa, la negociación de las condiciones laborales, las retribuciones y las contrataciones corresponde a las Organizaciones Sindicales.
Dicho esto creo que es el momento de que todos tengamos un poco de sentido común, y mucho más, cuando estamos próximos a conseguir un Estatuto tan necesario para la Universidad; por tanto debemos esforzarnos por buscar puntos de acuerdo y consenso y, para ello, cada uno tiene que ser conocedor de cual es su papel.

lunes, 14 de marzo de 2011

La gestión educativa en Madrid reproduce patrones liberales

La Comunidad de Madrid reproduce punto por punto las pautas de un manual educativo liberal –si éste existiera-.
Ahora plantean que el 35% del currículum, que es responsabilidad de la Administración Autonómica, sea cedida a los centros; una medida que en algunos sectores, incluso progresistas, puede ser bien aceptada, ya que los defensores de la "Autonomía a ultranza" entenderán que esto supone aumentar su capacidad de gestión, en este caso en lo referente a todo lo relacionado con los contenidos. Yo, sin embargo, entiendo esta medida como una forma de seleccionar al alumnado de los centros. A través de la reorganización de los contenidos podemos atraer a un determinado tipo de alumnos y alumnas y excluir a otros.
De nuevo estas medidas van en detrimento de la Escuela Pública que atenderá a todo tipo de estudiantes procurando que exista una mayor cohesión social mientras que los centros privados tendrán la posibilidad de seleccionar a los alumnos.
¿Cuando llegará el momento en que se actúe sin hipocresía, obligando a todos los centros a matricular a todo tipo de alumnado y a las Administraciones a dotarlos de los medios necesarios para que sean debidamente atendidos?